Los votantes de California decidirán en 2024 sobre un referéndum que podría revocar una nueva ley estatal histórica que establece condiciones laborales y salarios mínimos de hasta $22 por hora, para los empleados de comidas rápidas en el estado más grande de los EEUU.
Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald’s, In-N-Out Burger y el propietario de KFC, donaron cada uno $1 millón a Save Local Restaurants, una coalición que se opone a la ley. Otras importantes empresas de comidas, grupos empresariales, propietarios de franquicias y muchos negocios pequeños, también han criticado la legislación y han gastado una fortuna para oponerse.
La medida, conocida como Ley FAST, fue firmada el año pasado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y entraría en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, el secretario de estado de California anunció esta semana que la petición para detener la implementación de la ley había reunido suficientes firmas para ser incluida en la papeleta de las elecciones estatales de 2024 y solo hasta ese momento se definiría.
El proyecto podría transformar al sector de las comidas rápidas en California y servir como referente en otras partes del país, argumentan los defensores y críticos de la medida.
Esta propuesta es la primera de su tipo en los Estados Unidos y daría vía libre a la formación de un consejo de 10 miembros, compuesto por representantes laborales, patronales y gubernamentales, para supervisar las normas para los empleados en la industria.
El consejo tendría la autoridad para establecer estándares mínimos para todo el sector en materia de salarios, protección en salud y políticas de tiempo libre. También podría elevar el ingreso mínimo hasta $22 por hora, en comparación con el mínimo actual de $15.50. A partir de ahí, ese valor subiría anualmente en función de la inflación.
Esta industria tiene más de 550,000 trabajadores. Casi el 80% son personas de color y alrededor del 65% son mujeres.
La ley laboral en los Estados Unidos está estructurada en torno a sindicatos que se organizan y negocian en una tienda o planta individual. Esto hace que sea casi imposible que sean creados en las cadenas minoristas y de comidas rápidas, ya que cuentan con miles de tiendas en diferentes ubicaciones.
Esta nueva ley acerca la idea de una negociación sectorial, una forma colectiva en la que los trabajadores y los empleadores negocian salarios y estándares para toda la industria.
Quienes se oponen dicen que es una medida radical que tendría efectos perjudiciales. Argumentan que apunta injustamente a la industria de comidas rápidas y aumentará los precios, causando despidos de trabajadores, según concluyó un análisis de UC Riverside, que encontró que si el pago a los trabajadores de restaurantes aumenta en un 20 %, los precios aumentarán en aproximadamente un 7%. Si lo hacen en un 60%, los precios de los restaurantes aumentarán hasta en un 22%, según el informe.
“Esta ley crea un impuesto a los alimentos para los consumidores, acaba con los empleos y expulsa a los restaurantes de las comunidades locales”, dijo la coalición Save Local Restaurants.
El miércoles, el presidente estadounidense de McDonald’s, Joe Erlinger , criticó la ley y afirmó que es impulsada por sindicatos en apuros y que conduciría a “un consejo no calificado de expertos políticos, no propietarios de negocios y sus equipos”, tomando decisiones comerciales clave.
Los opositores recurrieron a una estrategia similar a la utilizada por Uber, Lyft y otras empresas, que buscaban revocar una ley de California de 2020 que les habría requerido reclasificar a los conductores como empleados, y no como “contratistas independientes”, lo que les proporcionará beneficios tales como un salario mínimo, horas extras y licencia por enfermedad pagada.
En 2020, Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otros gastaron más de $200 millones para persuadir a los votantes de California para que aprobaran la Proposición 22, una medida electoral que exime a las empresas de reclasificar a sus trabajadores como empleados.
