Un giro inesperado marcó la tensión diplomática entre Washington y Seúl tras una de las redadas más grandes de ICE en lo que va del año. En Georgia, agentes federales arrestaron a 300 trabajadores surcoreanos durante la construcción de una planta de Hyundai y LG Energy Solution valorada en $4,300 millones, generando un terremoto en la industria automotriz y en la política internacional.
El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar que los detenidos tendrían libertad de elección. “A cada persona se le permitió elegir, y el gobierno estadounidense dijo básicamente: ‘Si quieres irte, puedes irte; si quieres quedarte, puedes quedarte’”, reveló el presidente surcoreano Lee Jae-myung en conferencia de prensa. Según precisó, solo una persona aceptó la permanencia.
La declaración contrastó con el mensaje de la semana pasada, cuando Trump exhortó a las compañías extranjeras a “respetar las leyes de inmigración de nuestra nación” y a “contratar y capacitar a trabajadores estadounidenses”. Esta vez, el plan buscaba que los técnicos surcoreanos entrenaran a empleados locales.
El episodio llega en un momento crítico de las relaciones bilaterales, mientras ambas naciones negocian acuerdos comerciales. Empresas surcoreanas han denunciado desde hace años dificultades para conseguir visas temporales para especialistas, recurriendo a interpretaciones flexibles que previas administraciones toleraron.
El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, anunció conversaciones para crear una nueva categoría de visa, mientras Lee advirtió que “nuestras empresas que invierten en Estados Unidos sin duda se mostrarán muy reticentes”.
Para la comunidad latina en EE. UU., esta situación envía un mensaje contradictorio: si a los surcoreanos se les abre la puerta para quedarse, muchos se preguntan por qué persiste la dureza hacia trabajadores latinos que sostienen sectores clave de la construcción, la manufactura y los servicios.
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