En Washington crece la presión sobre los legisladores mientras nuevas voces reclaman total transparencia en uno de los casos más perturbadores de las últimas décadas. El impulso no proviene únicamente del sector político, sino de quienes vivieron directamente las agresiones del traficante sexual Jeffrey Epstein.
Liz Stein y Jess Michaels, ambas supervivientes, pidieron al Congreso obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos relacionados con Epstein, cuyas conexiones incluían a figuras influyentes como el presidente Donald Trump. En una entrevista con la cadena NBC News, Michaels fue contundente: “Dejemos de mantener esto en secreto”.
La representante Adelita Grijalva, recién juramentada, aportó la firma número 218, necesaria para forzar una votación en el pleno y sortear el bloqueo de los líderes republicanos. “Necesitamos que el pueblo estadounidense no deje de presionar”, insistió Michaels. “No podemos dejar de presionar, porque es solo una pequeña victoria”.
Stein elogió a los republicanos que respaldaron la iniciativa, afirmando que “están del lado correcto en este asunto”. Ambas reaccionaron después de que el Comité de Supervisión de la Cámara publicara correos electrónicos que mostraban, entre otras revelaciones, que Epstein dijo que Trump “sabía de las chicas”, aunque no lo acusó de ningún delito. Trump ha negado en repetidas ocasiones cualquier implicación o conocimiento de la red de explotación.
Michaels explicó lo difícil que es revivir su trauma cada vez que se difunden nuevos documentos: “La respuesta emocional y física no cesa”. También señaló que su activismo no busca ser utilizado con fines partidistas. Stein coincidió, advirtiendo que la administración Trump “está politizando algo que no debería ser politizado”. Pidió al público considerar el caso como lo que es: un delito de trata de personas.
Los documentos recientemente divulgados, unas 20,000 páginas, representan “solo la punta del iceberg”, según Grijalva, quien recordó que Trump prometió publicar todos los archivos. Para ella, responder a las víctimas es una obligación institucional.
El avance de esta iniciativa abre un nuevo capítulo en el esfuerzo por esclarecer un caso que continúa estremeciendo la vida pública estadounidense.
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