En un momento en que los debates fiscales vuelven a ocupar un lugar central en Washington, las modificaciones propuestas al sistema tributario del Seguro Social han encendido un intenso análisis entre economistas, legisladores y beneficiarios. Con casi 74 millones de estadounidenses dependientes de estas prestaciones, cualquier ajuste adquiere un alcance nacional que va mucho más allá de tecnicismos legales o contables.
La nueva dinámica fiscal que plantea la One Big Beautiful Bill Act
Desde 1984, los beneficios del Seguro Social han estado sujetos a impuestos federales para quienes superan determinados umbrales de ingresos. Sin embargo, la Ley de Reforma Integral de la Seguridad Social —conocida como One Big Beautiful Bill Act— incorpora una deducción adicional de $6,000 para contribuyentes mayores de 65 años entre 2025 y 2028. Esta medida, según la Casa Blanca, permitirá que la proporción de jubilados exentos de pagar impuestos sobre sus beneficios pase del 64% al 88%.
La propuesta coincide con un creciente impulso legislativo para reducir o eliminar la carga fiscal sobre los beneficios. Un ejemplo es la Ley “You Earned It, You Keep It Act”, presentada por la representante Angie Craig, quien defendió que la eliminación del impuesto se compensaría “aumentando el límite máximo del impuesto sobre la nómina de la Seguridad Social”. Si esta iniciativa se aprueba, los impuestos federales sobre los beneficios desaparecerían a partir de las declaraciones correspondientes al año fiscal 2026.
Cómo funciona actualmente la tributación del Seguro Social
El sistema vigente se basa en el cálculo del “ingreso combinado”, que suma el ingreso bruto ajustado (AGI), los intereses no tributables y el 50% de los beneficios anuales del Seguro Social. Ejemplos comunes muestran lo rápido que un beneficiario puede llegar a niveles imponibles: con un AGI de $30,000, intereses no tributables de $1,000 y beneficios de $15,000, el ingreso combinado ascendería a $38,500, lo que implica que hasta el 85% de los beneficios podrían estar sujetos a impuestos.
El porcentaje exacto depende del estado civil y del nivel de ingresos. Para contribuyentes solteros, quienes ganan menos de $25,000 no pagan impuestos sobre las prestaciones; entre $25,000 y $34,000, hasta el 50% se vuelve imponible; y por encima de $34,000 el porcentaje asciende hasta 85%. En declaraciones conjuntas, los límites suben a $32,000 y $44,000, respectivamente. En el caso de parejas que presentan por separado, las reglas se endurecen, especialmente si convivieron en algún momento del año.
Pese a esta estructura, existen discrepancias sobre cuántos jubilados pagan actualmente impuestos. La Casa Blanca estima que se trata del 36%, mientras que la Administración del Seguro Social (SSA) considera que la cifra está más cerca del 50%.
La retención y el mosaico fiscal estatal
El IRS permite que los beneficiarios soliciten retenciones automáticas del 7%, 10%, 12% o 22% de sus pagos mensuales. Esto evita que los contribuyentes se enfrenten a facturas tributarias inesperadas al presentar su declaración. La solicitud puede hacerse a través del portal de la SSA o llamando al 800-772-1213.
Pero además del sistema federal, nueve estados aplican impuestos propios sobre las prestaciones del Seguro Social, con reglas tan variadas como sus economías:
- Colorado permite deducciones completas para mayores de 65 años y para beneficiarios entre 55 y 64 años con AGI inferiores a $75,000 ($95,000 en declaraciones conjuntas). Si el AGI supera esa cifra, se permite deducir hasta $20,000 de ingresos de jubilación.
- Connecticut exime completamente a quienes tengan un AGI menor de $75,000 ($100,000 en conjunto). Por encima de ese umbral, puede haber exenciones parciales.
- Minnesota libera a contribuyentes con AGI inferior a $84,490 ($108,320 en conjunto). A partir de allí, la exención se reduce un 10% por cada $4,000 adicionales.
- Montana aplica un sistema similar al federal: por debajo de $25,000 ($32,000 en conjunto) no hay impuestos; entre $25,000 y $34,000 se grava hasta el 50%, y por encima el 85%.
- Nuevo México exime a quienes tengan un AGI hasta $100,000 (con topes diferentes según el estado civil), aplicando impuestos estatales de entre 1.7% y 5.9% por encima de ese umbral.
- Rhode Island otorga exención total para quienes alcancen la edad plena de jubilación y posean un AGI inferior a $107,000 ($133,750 en conjunto).
- Vermont impone impuestos a partir de un AGI superior a $60,000, con exenciones parciales entre $50,000 y $60,000.
- Utah grava con una tasa fija de 4.5%, aunque ofrece créditos no reembolsables significativos que eliminan gran parte del impuesto para quienes califican. Los créditos se reducen 2.5 centavos por cada dólar que exceda los límites establecidos: $54,000 para contribuyentes individuales, $90,000 para declaraciones conjuntas y $45,000 para parejas que presentan por separado.
- Virginia Occidental, por su parte, está eliminando gradualmente el impuesto hasta su desaparición total en las declaraciones de 2026.
La deducción adicional para mayores de 65 años: un cambio estructural
Entre 2025 y 2028, los contribuyentes mayores de 65 años podrán aplicar una deducción adicional de $6,000, independiente de otras deducciones estándar. Para parejas, la deducción asciende a $12,000. Esta medida podría reducir radicalmente el número de jubilados con obligaciones fiscales, especialmente aquellos con ingresos moderados que suelen caer apenas por encima de los umbrales actuales.
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca insiste en que este ajuste aliviará la carga financiera de millones de personas mayores, permitiendo que una mayoría significativa deje de pagar impuestos sobre sus beneficios durante los próximos años.
En un entorno político donde las pensiones públicas enfrentan presiones demográficas y fiscales crecientes, el debate sobre cómo gravar —o no gravar— los beneficios del Seguro Social seguirá marcando la agenda legislativa. Las decisiones que se tomen podrían redefinir no solo la política tributaria, sino también la seguridad económica de una generación entera que depende de estos ingresos para sostener su calidad de vida.
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