En la más reciente edición de Buenos días Wall Street, el espacio “Puerto Rico al Día”, la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, profundizó en las implicaciones del nuevo acuerdo de financiamiento no estructurado (NFE) y su impacto en la estabilidad energética y económica de la isla.
Ramírez Báez explicó que el contrato entre Puerto Rico y New Fortress Energy para el suministro de gas natural licuado fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal de forma condicionada y por un periodo de 7 años, con un valor que supera los $3,000 millones. La decisión provocó incluso que las acciones de la empresa subieran 28% tras conocerse la noticia.
La Junta impuso requisitos claros: el Estado deberá reclamar a New Fortress los costos incurridos por la compra de diésel debido a incumplimientos previos y revisar el contrato de arrendamiento del puerto de Puerto Nuevo, señalado por propiciar un “monopolio operativo”.
Por su parte, New Fortress tendrá que firmar un acuerdo con un proveedor alterno para garantizar entregas de gas ante cualquier falla o reclamo de fuerza mayor. La presidenta destacó que Puerto Rico enfrenta una infraestructura energética frágil, agravada tras el huracán María, y que la transición al gas natural licuado podría ofrecer mayor estabilidad mientras la isla avanza hacia fuentes más limpias.
El debate continúa dividido, pero la discusión pública demuestra que el futuro energético del país sigue siendo un asunto central para su desarrollo.
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