El sector aéreo vuelve a colocarse bajo la lupa tras una serie de revelaciones corporativas que reavivaron el debate sobre la infraestructura y estabilidad del sistema de transporte en Estados Unidos. En medio de cifras mixtas y tensiones pasadas, los inversionistas observan con atención el panorama que se perfila para los próximos meses.
Delta Air Lines afirmó que el cierre del gobierno federal, que concluyó el mes pasado, le costó aproximadamente $200 millones en ganancias antes de impuestos debido a una caída considerable en las reservas. La compañía estimó que el impacto representa cerca de 25 centavos por acción en el trimestre actual, una cifra que contrasta con su pronóstico previo de ganancias ajustadas de entre $1.60 y $1.90 por acción para el cuarto trimestre. Aun así, la aerolínea aseguró en una presentación ante reguladores que la demanda de viajes “sigue siendo saludable” y que las reservas continúan sólidas rumbo a 2026.
El cierre agravó la ya delicada escasez de controladores aéreos. La administración Trump obligó a las aerolíneas a reducir horarios para aliviar la presión, pero aun con ese ajuste, los retrasos y cancelaciones superaron lo previsto. Muchos controladores, que ya enfrentaban cargas excesivas de trabajo, debieron operar sin recibir sus pagos habituales.
Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, reiteró que tanto él como otros líderes del sector han presionado a legisladores para garantizar que, ante futuros cierres, los controladores de tráfico aéreo y trabajadores esenciales “reciban sus salarios” sin interrupciones.
El episodio dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema aéreo estadounidense y la importancia de proteger a quienes lo mantienen en funcionamiento, especialmente en un contexto de demanda que continúa avanzando con fuerza.
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