En un escenario marcado por tensiones políticas y creciente presión sobre las agencias migratorias, el nuevo anuncio de la administración Trump ha reconfigurado el panorama para miles de inmigrantes que dependen de su autorización laboral para sostenerse y permanecer en Estados Unidos. La medida, presentada como parte de un esfuerzo más amplio de seguridad nacional, ya genera impacto entre empleadores, defensores y comunidades que dependen de esta fuerza laboral.
Permisos más cortos y revisiones más frecuentes
La administración anunció que los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y otros programas humanitarios dejarán de tener una vigencia de cinco años y pasarán a durar solo 18 meses. Joe Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afirmó que la reducción permitirá al gobierno “aplicar una verificación de antecedentes más frecuente a los extranjeros”. Aseguró además que “trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.
El cambio se da tras el tiroteo en Washington, D.C., donde murieron dos miembros de la Guardia Nacional y en el que las autoridades señalan a un ciudadano afgano. En respuesta, Trump reiteró su llamado a una “migración inversa” e incluso anunció en Truth Social que planea “suspender permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo”.
Las nuevas fechas de vencimiento afectarán a solicitantes de asilo, refugiados y personas con retención de expulsión, aplicándose inicialmente solo a nuevos permisos. De acuerdo con funcionarios y empleadores, la medida impactará a cientos de miles de trabajadores, incluidos aquellos empleados en industrias como el procesamiento de carne.
Temores entre empleadores y defensores
Rob Liebreich, presidente de Goodwin Living, advirtió que la medida podría profundizar la escasez de personal en servicios para adultos mayores. Con alrededor del 4% de sus 1,500 empleados en proceso de obtener tarjeta verde o ciudadanía, señaló que “no contar con una fuerza laboral sólida es realmente difícil” y que menos trabajadores disponibles podría traducirse en costos más altos de atención.
Defensores migratorios también expresaron preocupación. Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, fue tajante: “Acortar la validez de los permisos de trabajo es perjudicial para todos”, ya que los retrasos del USCIS podrían obligar a trabajadores a abandonar temporalmente sus empleos, afectando a empresas y comunidades enteras.
La medida deshace una política implementada por el gobierno de Biden en 2023, que había extendido la vigencia de los permisos para evitar despidos masivos mientras se procesaban renovaciones. Aunque aquella decisión ofreció estabilidad laboral, también generó casos en los que empleados tenían permisos válidos aun cuando ya no estaban autorizados a trabajar debido a cambios en sus procesos migratorios.
En medio de un sistema ya sobrecargado y con iniciativas adicionales para reabrir casos antiguos, la nueva política intensifica un entorno de incertidumbre que pone a prueba la capacidad del país para equilibrar seguridad, economía y necesidades humanitarias.
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