FedEx presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para exigir el reembolso total —más intereses— de los aranceles que pagó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a importaciones el año pasado.
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La acción legal llega días después de que la Corte Suprema, en una decisión 6-3, determinara que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles en tiempos de paz, al considerar que la Constitución reserva al Congreso la facultad exclusiva de establecer impuestos. El fallo anuló la base jurídica de los aranceles, pero no aclaró cómo se devolverían los fondos ya recaudados.
FedEx, con sede en Memphis y uno de los mayores operadores logísticos del mundo, señaló que actuó como importador registrado y fue responsable directa del pago de esos derechos. En su presentación judicial pidió la devolución de todos los montos abonados bajo la IEEPA, aunque no especificó la cifra exacta. Entre los demandados figuran la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), su comisionado y el propio gobierno federal.
El caso podría abrir la puerta a reclamos multimillonarios. Se estima que la administración recaudó al menos 130,000 millones de dólares adicionales por estos aranceles. Antes del fallo, empresas como Revlon, Alcoa, Bumble Bee y Costco ya habían iniciado acciones legales para impugnar los gravámenes.
En paralelo, 22 senadores demócratas presentaron un proyecto de ley que obligaría al gobierno a reembolsar los ingresos cobrados en un plazo de 180 días, priorizando a pequeñas empresas. El debate sobre cómo y cuándo devolver el dinero podría extenderse durante años en los tribunales, según han advertido el propio Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Lejos de frenar su agenda comercial, el presidente firmó una nueva proclamación basada en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que establece un arancel temporal del 10 % a productos de todos los países, porcentaje que luego anunció elevar al 15 %. La Casa Blanca sostiene que la política comercial se mantiene, aunque cambie el instrumento legal.
El impacto económico no es menor. La Tax Foundation estima que en 2025 los aranceles representaron un aumento promedio de 1,000 dólares en la carga fiscal por hogar en Estados Unidos. Diversos análisis coinciden en que estos impuestos encarecen bienes importados, reducen el consumo y presionan los márgenes de empresas que dependen de cadenas globales de suministro.
Para sectores con alta participación de trabajadores hispanos —como logística, transporte, comercio minorista y alimentos— la incertidumbre regulatoria añade presión a los costos y a la planificación empresarial. Muchas pequeñas y medianas empresas importadoras, incluidas aquellas manejadas por emprendedores latinos, han tenido que absorber parte de estos sobrecostos o trasladarlos a precios finales.
En bolsa, las acciones de FedEx (FDX) han mostrado volatilidad en los últimos meses, en línea con el entorno comercial y las perspectivas del comercio global. El resultado de esta disputa judicial podría tener implicaciones no solo para la compañía, sino para miles de empresas que buscan recuperar pagos realizados bajo un esquema que ahora fue declarado ilegal.
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El desenlace marcará un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial y sobre la responsabilidad del gobierno frente a impuestos cobrados sin respaldo legal claro.
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