La presión sobre los mercados energéticos internacionales reactivó un tema clave para la economía de Puerto Rico: la posible suspensión temporal de la Ley Jones, también conocida como ley de cabotaje. La medida es evaluada por la Casa Blanca en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, con implicaciones directas para el transporte marítimo y el costo de bienes en la isla.
Dado que más del 85% de los productos que consume Puerto Rico llegan por barco, cualquier cambio en las reglas de transporte podría impactar precios, acceso a combustible y disponibilidad de mercancías. Así lo explicó la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, durante una entrevista en Comercio TV.
Según detalló, la ley exige que el transporte entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos, operados y tripulados por ciudadanos de Estados Unidos. Esta restricción limita la cantidad de embarcaciones disponibles y encarece la logística hacia la isla.
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¿Por qué la Ley Jones encarece los productos en Puerto Rico?
Ramírez Báez explicó que la normativa obliga a que mercancías producidas en estados como California deban trasladarse primero a Florida para luego ser enviadas a Puerto Rico en barcos autorizados, lo que incrementa los costos de transporte.
Además, señaló que la operación está concentrada en pocas compañías, lo que reduce la competencia. Como resultado, los precios finales para consumidores y empresas son más altos. Estudios previos han mostrado que algunos productos pueden costar hasta un 20% más en Puerto Rico en comparación con estados como California, debido a estos factores logísticos.
Una suspensión temporal permitiría ampliar el acceso a embarcaciones internacionales, facilitando el flujo de mercancías y potencialmente reduciendo costos, especialmente en un contexto de alta volatilidad energética.
La experta indicó que esto sería particularmente relevante si Estados Unidos decide liberar reservas de petróleo, ya que sin flexibilizar la ley, Puerto Rico seguiría limitado en su acceso a ese suministro.
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Impacto económico y debate político en curso
La posible suspensión también abre un debate más amplio sobre el futuro de la ley. Aunque algunos sectores la defienden por su impacto en la industria marítima estadounidense, otros consideran que afecta de forma desproporcionada a territorios como Puerto Rico.
Ramírez Báez recordó que tras emergencias como el huracán María se aprobaron exenciones temporales, lo que permitió aliviar restricciones logísticas en momentos críticos. Sin embargo, advirtió que eliminar la ley de forma permanente sería complejo, ya que Puerto Rico juega un papel importante en el sostenimiento de la marina mercante estadounidense.
Aun así, el actual contexto internacional podría impulsar nuevas discusiones sobre su vigencia. Para la economía local cualquier flexibilización podría traducirse en menor presión sobre precios y mayor acceso a bienes esenciales.
