El presidente Donald Trump expresó dudas sobre cualquier posible acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de negociaciones en el Senado para poner fin a un cierre parcial que ya supera un mes.
Aunque legisladores republicanos aseguran avances, Trump dejó claro que no está convencido. Señaló que, incluso si se alcanza un consenso, es probable que no lo respalde, lo que introduce incertidumbre sobre la viabilidad de cualquier acuerdo.
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La propuesta en discusión contempla financiar la mayor parte del DHS, pero excluir recursos destinados a operaciones migratorias, particularmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este punto se ha convertido en el principal obstáculo entre ambos partidos.
Desde el liderazgo republicano, se reconoce que la iniciativa se acerca a demandas previas de los demócratas, como financiar cerca del 94% del presupuesto del departamento. Sin embargo, los demócratas ahora insisten en incorporar reformas al ICE, especialmente tras incidentes recientes que han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
Mientras tanto, ICE mantiene financiamiento asegurado a largo plazo —con una asignación de 75,000 millones de dólares a cinco años— lo que ha generado un escenario desigual: agentes migratorios continúan recibiendo salario, mientras otros trabajadores del DHS siguen sin pago.
El impacto del cierre ya se siente en la economía diaria. Aeropuertos en todo el país reportan largas filas ante la falta de personal de seguridad, y miles de empleados —incluidos trabajadores de la TSA— enfrentan retrasos salariales.
La situación también tiene implicaciones para sectores donde la comunidad hispana tiene fuerte presencia laboral, como transporte, seguridad aeroportuaria y servicios. La incertidumbre en ingresos y empleo en estas áreas puede trasladarse rápidamente al consumo de los hogares, especialmente en un contexto donde muchos dependen de ingresos semanales.
Además, Trump ha condicionado cualquier acuerdo a la inclusión de medidas más amplias, como cambios en leyes electorales y políticas sociales, lo que complica aún más las negociaciones y aleja una resolución rápida.
Aunque el Senado podría avanzar en los próximos días, cualquier iniciativa aún deberá pasar por la Cámara de Representantes, dejando abierto un escenario de prolongada incertidumbre política y económica.
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