El Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde inicial a una controvertida propuesta para aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero, una medida que afectaría a más de 40 millones de personas no ciudadanas.
La iniciativa, respaldada unánimemente por los republicanos, podría costarle a México al menos $3,250 millones al año. Para muchos, no es solo un ajuste fiscal, sino un ataque directo a las comunidades migrantes. “No estamos de acuerdo. Es inconstitucional, porque los mexicanos ya pagan impuestos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proyecto se suma a otras políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, quien incluso ha declarado que planea firmar un memorando para bloquear completamente las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados. Si el Congreso y el Senado aprueban el plan antes del 4 de julio, el impuesto entraría en vigor en 2026.
Las repercusiones serían devastadoras. Las remesas, que en 2024 superaron los $64,750 millones, son hoy una fuente más valiosa para México que el turismo, el petróleo o la inversión extranjera.
Un análisis de Gabriela Siller, del Grupo Financiero Base, advierte que el nuevo impuesto podría reducir el PIB mexicano en 0.18 puntos anuales. Y si además se bloquean las remesas de indocumentados, el impacto económico alcanzaría el 1% del PIB. “Esto empujaría a los migrantes a usar canales informales para enviar dinero”, alertó.
Banamex y el Cemla coinciden en que el golpe afectaría de forma directa a las zonas rurales y marginadas del país. Enrique Díaz-Infante lo resume con crudeza: “El impuesto perjudicará a las familias más pobres, aquellas que usan las remesas para salud, educación y subsistencia”. En otras palabras, el costo político podría convertirse en una crisis humanitaria.
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