Donald Trump ha cumplido su amenaza y ha lanzado una ofensiva legal sin precedentes contra las llamadas ciudades santuario.
El Departamento de Justicia ha demandado a Illinois y Chicago, acusándolos de obstaculizar las normativas migratorias federales. Esta medida busca invalidar las leyes estatales y municipales que protegen a los inmigrantes, en lo que representa una escalada en la batalla entre el gobierno republicano y los bastiones demócratas que se resisten a sus políticas de deportación masiva.
La demanda señala a normativas como la Ley de Confianza de Illinois y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago, argumentando que estas “obstruyen deliberadamente” la autoridad federal sobre la inmigración. Estas leyes prohíben la colaboración de las fuerzas locales con las autoridades federales en operativos migratorios y limitan la información que se comparte con el gobierno.
Chicago e Illinois han sido objetivos prioritarios de la administración Trump debido a sus estrictas protecciones para los inmigrantes. Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha intensificado redadas y detenciones en estos territorios, declarando una emergencia nacional en la frontera sur y señalando a las ciudades santuario como refugios que agravan la crisis migratoria.
Además de la demanda, la fiscal general Pam Bondi ha ordenado suspender la financiación federal a estas jurisdicciones. Con una mayoría conservadora en la Corte Suprema, la nueva embestida de Trump podría tener éxito donde antes fracasó, marcando un cambio radical en la lucha por las políticas migratorias en Estados Unidos.
¿Qué son las ciudades santuario en los Estados Unidos?
Son jurisdicciones que adoptan políticas para limitar la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Estas ciudades, condados o estados establecen normativas que prohíben a la policía y otros funcionarios colaborar con agentes de inmigración en la detención y deportación de personas indocumentadas.
Su objetivo es proteger a los inmigrantes de posibles redadas y garantizar que accedan a servicios básicos sin temor a represalias. Aunque defienden los derechos de los inmigrantes, estas políticas han generado conflictos legales con el gobierno federal, especialmente en administraciones conservadoras.
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