Las puertas de la diplomacia se tambalean mientras un caso que parecía burocrático se transforma en una tormenta política y judicial sin precedentes. El silencio oficial, las evasivas y la tensión judicial han puesto en jaque a las autoridades estadounidenses, que ahora enfrentan una presión sin tregua por un error que ha llegado demasiado lejos.
Kilmar Ábrego García, residente de Maryland, fue deportado por error a El Salvador, a pesar de que existía una orden judicial que prohibía tal acción. La administración Trump, acorralada por los cuestionamientos de la jueza federal Paula Xinis, admitió que García se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador.
“Se encuentra vivo y seguro en ese centro. Su detención se basa en la autoridad soberana y nacional de El Salvador”, declaró Michael G. Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado. Sin embargo, la respuesta omitió por completo lo que Xinis había exigido: detalles concretos sobre los pasos para traer de vuelta a García.
La jueza, visiblemente irritada, arremetió en la audiencia: “¿Dónde está y bajo la autoridad de quién? No pido secretos de Estado. Solo sé que no está aquí”.
La declaración oficial llegó tarde y sin respuestas. Mientras tanto, García permanece encarcelado en un país al que nunca debió ser enviado. El eco de la pregunta de la jueza aún resuena en los pasillos del poder.
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