La madrugada del sábado, el sistema judicial intervino para detener una estrategia sin precedentes que ponía en riesgo los derechos fundamentales de decenas de migrantes venezolanos.
Deportaciones bajo ley de 1798
La Corte Suprema bloqueó temporalmente la deportación de migrantes que la administración Trump buscaba expulsar invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798. Según el gobierno, pandillas como el Tren de Aragua representan una amenaza comparable a la de estados hostiles en tiempos de guerra. En marzo, miembros señalados fueron enviados a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador. “Estos hombres corrían peligro inminente de pasar la vida en una horrible prisión extranjera”, denunció Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Urgencia, desacato y silencios oficiales
La ACLU acudió a varios tribunales al conocerse que los migrantes estaban siendo trasladados al Centro de Detención Bluebonnet en Texas, con aviso de deportación inminente. Aunque el juez James Boasberg expresó dudas sobre su jurisdicción, el caso llegó rápidamente al máximo tribunal. Mientras tanto, el Departamento de Justicia insistió en que “no tenía conocimiento” de vuelos previstos ese mismo día, pero admitió que podían despegar durante el fin de semana.
Choque de poderes en los tribunales
El fallo de la Corte Suprema llega tras una cadena de bloqueos judiciales y un proceso de desacato penal contra la administración. Un tribunal de apelaciones ordenó frenar el procedimiento contra Trump, aunque aclaró que la decisión “no debe interpretarse como una sentencia definitiva”. La administración, por su parte, niega haber desobedecido órdenes judiciales.
¿Y el debido proceso?
La directora de Together and Free, Michelle Brané, criticó la falta de garantías legales: “Decirle a la gente: ‘Aquí está su notificación y los vamos a deportar de inmediato’ no es el debido proceso”. Las audiencias clave continuarán la próxima semana. Por ahora, los aviones están en tierra. Pero la batalla por los derechos de estos migrantes apenas despega.
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