En un movimiento que parece sacado de un libreto inesperado, decenas de personas abordaron un avión del gobierno sin ser escoltadas, esposadas ni obligadas. El viaje tenía destino a sus países de origen… y venía con “premio” incluido, según el gobierno de EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que 64 inmigrantes indocumentados participaron en el primer vuelo del nuevo “Proyecto Regreso a Casa”, una controvertida iniciativa que busca incentivar la autodeportación voluntaria. El programa ofrece pasaje gratuito y un estipendio de $1,000 a quienes decidan abandonar el país por voluntad propia y evitar consecuencias legales. Según el informe oficial, 38 personas regresaron a Honduras y 26 a Colombia.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó clara la postura del gobierno: “Si está aquí ilegalmente, use la aplicación CBP Home para tomar el control de su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa”. Y advirtió: “Si no lo hacen, estarán sujetos a multas, arresto, deportación y nunca se les permitirá regresar”.
Esta estrategia se suma a otras polémicas medidas de la administración Trump, incluida la reclusión masiva en prisiones extranjeras. Noem insistió en que el plan ofrece una “alternativa más fluida” frente a las deportaciones forzosas.
Mientras algunos inmigrantes aprovechan la opción, las organizaciones defensoras de derechos han presentado demandas, algunas de las cuales ya llegaron a la Corte Suprema. Las decisiones han sido mixtas, permitiendo a Trump anular protecciones para 350.000 venezolanos, aunque prohibiéndole usar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para otras expulsiones.
El caso de Kilmar Abrego-García, deportado a El Salvador pese a orden judicial en contra, ilustra el nuevo enfoque del gobierno. Trump aseguró que “podría” traerlo de vuelta, pero hasta ahora no ha sucedido.
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