No hicieron nada en la oscuridad ni cruzaron ilegalmente una frontera. Muchos llegaron con permisos, algunos con visas y otros como refugiados. Hoy, están tras las rejas en una de las prisiones más temidas de América Latina.
Al menos 50 migrantes venezolanos deportados por la administración Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, habían ingresado legalmente a Estados Unidos, según un informe revelador del Instituto Cato. Basado en datos disponibles de 174 casos documentados, el análisis derrumba el argumento oficial de que todos los enviados a la prisión eran “extranjeros ilegales”.
“El gobierno llama a todos ‘extranjeros ilegales’”, señala el informe. “Pero de los 90 casos donde se conoce el método de entrada, 50 lo hicieron legalmente, con autorización del gobierno, en un cruce fronterizo oficial”. Las rutas legales incluyen entradas por puertos oficiales, programas de libertad condicional, visados y reasentamientos como refugiados.
El informe expone un patrón: migrantes con documentación fueron despojados de su estatus y enviados a Cecot, una cárcel asociada con condiciones infrahumanas. “Las asombrosas cifras absolutas sí lo son”, apunta el texto. Decenas de migrantes con estatus legal han sido, según sus abogados, sometidos a torturas físicas y emocionales.
Entre los deportados está Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano con tatuajes de coronas inspiradas en las festividades del Día de Reyes. Esas marcas, según el gobierno, fueron consideradas pruebas de afiliación a pandillas. Pero el informe de Cato denuncia que muchas de las acusaciones se basan exclusivamente en tatuajes con significados culturales o personales.
Las deportaciones se amparan en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que solo debería usarse en tiempos de guerra. La administración Trump ha evitado divulgar el expediente completo de los más de 200 venezolanos trasladados.
Todo esto ocurre mientras la Corte Suprema autoriza al gobierno a eliminar el Estatus de Protección Temporal para venezolanos, dejando a más de 350.000 personas en riesgo de deportación. Lo que era legal ayer, hoy puede ser motivo para acabar en una celda en El Salvador.
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