Un juez federal en Maryland frenó temporalmente los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para deportar a Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 30 años acusado de tráfico de personas y vinculado por autoridades con la pandilla MS-13.
La jueza Paula Xinis declaró el lunes que el gobierno tiene “absolutamente prohibido” expulsarlo del territorio continental de EE.UU., al menos mientras se escuchan más argumentos en los próximos días. Abrego García había sido arrestado esa misma mañana por agentes de ICE al acudir a una supuesta entrevista en Maryland.
El caso ha ganado notoriedad desde marzo, cuando fue enviado por error a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, pese a que un juez de inmigración había bloqueado su deportación en 2019 tras ataques contra el negocio familiar de pupusas en ese país. En junio, fue devuelto a EE.UU. y acusado formalmente de tráfico de personas, cargos que él niega.
El gobierno busca deportarlo a un tercer país, como Uganda o Costa Rica, aunque los abogados aseguran que se trata de un castigo político y advierten que no existen garantías sobre su seguridad en esas naciones. “Podría terminar en una cárcel en Kampala o ser expulsado de nuevo sin derecho a permanecer”, dijo uno de sus defensores.
El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que no dejará de intentar su expulsión. La secretaria Kristi Noem declaró que Abrego García “no volverá a caminar por las calles de Estados Unidos”.
El caso refleja la complejidad de la política migratoria bajo la administración Trump, donde las deportaciones han sido utilizadas como herramienta política en medio de tensiones con países receptores. Para la comunidad hispana en EE.UU., este episodio resuena con fuerza: pone en evidencia los riesgos legales y diplomáticos a los que se enfrentan inmigrantes indocumentados, al tiempo que subraya el temor de familias latinas a deportaciones que puedan derivar en situaciones de riesgo humanitario.
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