Los anuncios de políticas sanitarias suelen despertar intensos debates, pero esta vez la decisión de un estado va más allá de lo habitual y pone en jaque un sistema de prevención que ha regido durante décadas en Estados Unidos. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida, declaró que el estado eliminará absolutamente todas las obligaciones de vacunación. “El Departamento de Salud de Florida, en colaboración con el gobernador, trabajará para eliminar todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley de Florida, todos. Todos. Hasta el último”, señaló durante una conferencia de prensa. Con ello, Florida se convertirá en el primer estado en abolir estos requisitos, incluyendo aquellos que rigen para asistir a las escuelas.
Actualmente, todos los estados del país exigen algún tipo de inmunización para los niños en edad escolar, aunque con variaciones en cuanto a exenciones religiosas o médicas. Florida ya permitía a los padres oponerse por motivos de fe, pero con esta decisión se desmantelaría por completo la estructura legal de vacunación escolar. Ladapo insistió en que los mandatos están “repletos de desdén y esclavitud”, aun cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que las vacunas han salvado la vida de más de 1,1 millones de niños en EE. UU. y han ahorrado $540,000 millones en costos médicos en los últimos 30 años.
Durante este año, Robert F. Kennedy Jr. ha estado en el centro del debate nacional sobre vacunas en Estados Unidos. Su postura crítica hacia la tecnología ARNm se ha traducido en recortes presupuestarios y restricciones en programas de inmunización, especialmente contra la COVID-19. Estas decisiones han provocado tensiones con organismos como los CDC y generado controversia en el Congreso, donde se le acusa de obstaculizar avances científicos. Kennedy defiende sus acciones como parte de una “revisión ética” del sistema sanitario, mientras expertos advierten sobre el impacto en la salud pública. Su papel ha reavivado el debate sobre la relación entre política, ciencia y confianza ciudadana.
En sus intervenciones públicas y audiencias en el Senado, ha cuestionado la seguridad de estas vacunas, alegando que no se han estudiado lo suficiente sus efectos a largo plazo. También ha denunciado lo que considera una “politización de la ciencia” durante la pandemia, acusando a los CDC de emitir recomendaciones sin base sólida y de ocultar datos relevantes. Kennedy ha limitado el acceso a dosis de refuerzo contra la COVID-19, argumentando que el virus ha mutado, que existe inmunidad natural y que las vacunas ya no son necesarias para la mayoría de la población.
Ha cuestionado la seguridad de inmunizaciones infantiles como las del sarampión, alegando que se aprueban sin estudios independientes suficientes. Uno de sus argumentos más controvertidos es la posible relación entre ciertas vacunas y el desarrollo de trastornos como el autismo, una teoría desacreditada por la comunidad científica pero que él sigue mencionando como motivo de preocupación. Estas posturas han generado tensiones con organismos de salud y han reavivado el debate sobre la desinformación médica, mientras expertos advierten sobre el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.
Para la comunidad latina en EE. UU., que ya enfrenta desigualdades en el acceso a la salud, la decisión de Florida podría tener un efecto adverso. El fin de los mandatos amenaza con generar mayores brechas de protección en niños hispanos que dependen de la escuela como entorno de control sanitario, incrementando el riesgo de brotes en comunidades vulnerables.
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