El ambiente en Ellabell, Georgia, cambió abruptamente cuando agentes federales irrumpieron en la construcción de una planta de baterías de Hyundai Motor. Lo que parecía una obra industrial de rutina se transformó en escenario del mayor operativo en un solo sitio en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional.
La administración Trump ha implementado operativos integrales del ICE como parte de una agenda de deportación masiva. Agentes de inmigración han realizado redadas en empresas agrícolas, obras de construcción, restaurantes y hasta en talleres mecánicos.
El jueves fueron detenidas 475 personas, de las cuales más de 300 resultaron ser ciudadanos surcoreanos. Según Steven Schrank, agente especial en Atlanta, los arrestados habrían ingresado de manera irregular, excedido sus permisos de estadía o trabajado sin autorización legal. “Quienes exploten nuestra fuerza laboral, socaven nuestra economía y violen nuestras leyes federales rendirán cuentas”, afirmó Schrank, aclarando que la investigación llevaba meses y que se actuó con orden judicial.
La magnitud del caso provocó una reacción inmediata de Seúl. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur expresó su “pesar” y exigió que “los derechos e intereses de nuestros ciudadanos no sean infringidos injustamente durante el proceso de aplicación de la ley en Estados Unidos”. El gobierno surcoreano busca la liberación de sus nacionales y cuestiona la legalidad de algunas detenciones, señalando que varios trabajadores tenían visas B-1 de capacitación.
Hyundai Motor y su socio LG Energy Solution, responsables de un proyecto de $7,600 millones para fabricar baterías eléctricas en Georgia, se mostraron sorprendidos. Michael Stewart, portavoz de Hyundai, aseguró que “ninguno de los detenidos trabaja directamente para Hyundai Motor Company” y que la empresa está “monitoreando de cerca la situación”. La construcción fue suspendida mientras se esclarecen los hechos.
La Casa Blanca defendió la acción. Abigail Jackson, vocera presidencial, declaró que Trump seguirá garantizando que “todos los trabajadores extranjeros contratados para proyectos específicos ingresen legalmente y con las autorizaciones correspondientes”.
El operativo llega en un momento sensible: Corea del Sur se comprometió a invertir $350,000 millones en EE. UU. a cambio de un acuerdo arancelario, y Hyundai acaba de anunciar un aumento de inversión a $26,000 millones hasta 2028. Para analistas en Seúl, la redada amenaza con enfriar la cooperación industrial y minar la confianza.
Para la comunidad latina en EE. UU., es un aviso de que podrían venir muchas más redadas en compañías de cualquier sector, en busca de personas indocumentadas y de esta manera reforzar los planes oficiales de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales.
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