Las frustraciones de los prestatarios de educación superior han pasado del ámbito privado a los tribunales. La Federación Estadounidense de Maestros (AFT), que agrupa a más de 1.8 millones de miembros, decidió ampliar su ofensiva legal contra la administración Trump, acusando al Departamento de Educación de “negar beneficios exigidos por ley” a millones de deudores.
Los programas en disputa son los planes de pago basados en ingresos (IDR), que reducen la factura mensual según el salario del prestatario y prometen la cancelación de deuda tras cierto tiempo, y el Perdón de Préstamos por Servicio Público (PSLF), que condona los saldos de trabajadores del sector público o sin fines de lucro después de 10 años de pagos. “La decisión del Departamento de retener los beneficios del IDR y del PSLF está perjudicando activamente a los prestatarios”, denunció la AFT en su escrito judicial.
Los datos oficiales muestran la magnitud del problema: más de 1.3 millones de solicitudes de IDR permanecían pendientes a finales de julio, mientras que solo se procesaban unas 87,823 al mes. En paralelo, 72,730 personas esperaban respuesta para el programa PSLF. “El atraso proporciona evidencia de que el Departamento no está cumpliendo adecuadamente los requisitos legales”, advirtió el experto en educación superior Mark Kantrowitz.
Los testimonios incluidos en la demanda ilustran el drama humano. Una mujer que debe $198,000 ha sido elegible para la cancelación desde mayo, pero sigue atada a su deuda. Otro demandante, con $756,000 en préstamos, lleva meses esperando un alivio que nunca llega.
Este escenario también resuena entre los latinos en EE. UU., donde muchos han recurrido a los préstamos estudiantiles como única vía para acceder a la universidad. Los retrasos no solo afectan la estabilidad financiera de las familias hispanas, sino que profundizan las barreras sociales que ya enfrentan en el acceso a empleos bien remunerados.
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