El programa -Buenos Días Wall Street- dedicó una amplia conversación a la crisis que atraviesan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Con la participación de la analista Lorena Céspedes y nuestro experto Raúl David Chávez, se debatió el alcance de la decisión de la administración de Donald Trump de “descertificar” a Colombia en la lucha antidrogas. El diálogo incluyó también la situación de Venezuela y cómo ambos países, vecinos y estratégicos, están bajo la lupa de Washington.
Una medida que golpea la relación bilateral
La “descertificación” de Colombia no es un gesto simbólico, sino un movimiento con repercusiones diplomáticas, económicas y de seguridad. Céspedes explicó que esta decisión implica la exposición a sanciones, suspensión de cooperación militar y policial, y trabas para acceder a créditos en organismos internacionales donde Estados Unidos tiene influencia. “Nos pone en la misma lista que Venezuela de Nicolás Maduro”, señaló, recordando el impacto en la imagen de un país ya marcado históricamente por el estigma del narcotráfico.
Chávez, por su parte, enfatizó que el informe de Washington describe a Venezuela como un “epicentro del narcotráfico regional” y acusó al régimen de Maduro de operar estructuras criminales directamente vinculadas al Estado. En contraste con Colombia, donde se cuestiona el incumplimiento de metas de erradicación, “en Venezuela se habla de complicidad estatal directa”.
Cifras que explican la decisión
Las estadísticas que sustentan la medida son contundentes. Bajo la presidencia de Gustavo Petro, Colombia alcanzó en 2023 un récord histórico de 253,000 hectáreas de coca, equivalente al 67% de los cultivos ilícitos del mundo. A ello se suma un aumento de 53% en la producción potencial de cocaína en un solo año, según Naciones Unidas.
Aunque en 2024 se incautaron 889 toneladas de cocaína —la cifra más alta en la historia del país—, las metas de erradicación no se cumplieron: en el primer semestre de 2025 apenas se eliminaron 3,600 hectáreas frente a un objetivo de 30,000. Céspedes advirtió que “la decisión de Estados Unidos es entendible cuando se comparan las metas con los resultados”.
Chávez subrayó la diferencia con Venezuela, acusada de ser plataforma de tránsito y refugio de capos, con grupos como el Tren de Aragua ya identificados como amenaza prioritaria por EE. UU. “Maduro dirige el cártel de los soles”, dijo, insistiendo en que la situación venezolana es más compleja porque existen órdenes de captura internacionales contra su cúpula.
Consecuencias y perspectivas regionales
El presidente Petro reaccionó lamentando la decisión, pero defendió los esfuerzos de su gobierno, destacando capturas de cabecillas y programas de sustitución voluntaria de cultivos. Sin embargo, los analistas coincidieron en que el reto es mostrar resultados verificables. “Si Gustavo Petro baja el tono y coopera con Estados Unidos podría recuperar la certificación”, afirmó Chávez.
Más allá de la política, la medida golpea al ciudadano común: menos apoyo logístico y de inteligencia, mayor vulnerabilidad en zonas rurales y un posible encarecimiento del crédito internacional que afectará inversión y empleo.
Para la región, que Colombia y Venezuela aparezcan en la misma lista es una señal de que Washington percibe al circuito de la cocaína como amenaza regional. “Ni las cifras récord de incautación en Colombia ni la narrativa de Caracas cambian la percepción de Estados Unidos”, concluyó Chávez.
Impacto para la comunidad latina en EE. UU.
La decisión también repercute en los latinos residentes en Estados Unidos. Una mayor presión antidroga podría traducirse en controles fronterizos más estrictos y un clima de mayor vigilancia, afectando a quienes mantienen lazos familiares, comerciales y de remesas con Colombia y Venezuela. Para comunidades que dependen de la estabilidad regional, estas tensiones significan incertidumbre y nuevos desafíos económicos y sociales.
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