El mundo del entretenimiento nocturno en EE. UU. atraviesa una tormenta sin precedentes. Voces influyentes se han levantado con dureza contra la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC, luego de la presión ejercida desde la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) bajo la administración de Donald Trump.
David Letterman, en el Festival del Atlántico, no ocultó su indignación: “Esto es una miseria. En el mundo de alguien autoritario, quizás dictatorial, tarde o temprano, todos serán afectados”. Para el ex conductor del Late Show, lo ocurrido representa “medios manipulados” y un paso hacia “algo de lo que no nos recuperaremos”. También recordó que en sus años como crítico de distintas administraciones nunca experimentó presiones directas de una agencia federal.
La controversia comenzó después de que Kimmel vinculara en su programa al asesino de Charlie Kirk con la “pandilla MAGA”. Las declaraciones provocaron que Brendan Carr, presidente de la FCC, advirtiera a ABC con actuar “por las buenas o por las malas” si no tomaba medidas. Poco después, Nexstar Media Group retiró el show de sus canales y ABC anunció la suspensión indefinida.
Letterman, con ironía, preguntó: “¿Quién está contratando a estos matones? ¿Mario Puzo?”. Mientras tanto, Seth Meyers, desde Late Night with Seth Meyers, aseguró que la libertad de expresión está bajo amenaza: “Este es un momento crucial para nuestra democracia y todos debemos defender los principios de la libertad de expresión”.
La indignación en la industria se multiplicó. Críticos ven en la suspensión un ejemplo de censura gubernamental disfrazada de decisión empresarial. Ari Cohn, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, advirtió: “No podemos ser un país donde los presentadores trabajen a la merced del presidente”.
La medida llega apenas dos meses después de la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert en CBS, también rodeada de acusaciones de concesiones políticas. En este clima, figuras de la televisión nocturna coinciden en que lo que está en juego no es un programa, sino el derecho mismo a cuestionar al poder.
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