El prolongado conflicto entre los grandes procesadores de pagos y los comerciantes parece acercarse a un desenlace histórico. Tras dos décadas de batallas judiciales, Visa y Mastercard presentaron un acuerdo multimillonario que promete reducir costos, aunque muchos sospechan que el resultado será más un espejismo que un alivio real para los comercios y consumidores.
El nuevo pacto, valorado en $200,000 millones, busca poner fin a las demandas por prácticas antimonopolio presentadas en 2005. Según los términos, las compañías reducirían las comisiones por intercambio —los cargos que pagan los comercios por aceptar tarjetas— entre 0,1 puntos porcentuales durante cinco años, con una tasa promedio del 1,25% durante ocho años. Además, las tiendas tendrían mayor libertad para aplicar recargos y podrían optar por aceptar solo determinados tipos de tarjetas. El acuerdo aún debe recibir aprobación judicial.
Tanto Visa como Mastercard aseguran que el plan disminuiría los costos para “comerciantes y consumidores”, pero los grupos minoristas rechazan esa idea. “Nadie debería dejarse engañar por las artimañas de la industria de las tarjetas de crédito”, declaró Lyle Beckwith, de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia. A su juicio, el pacto “perpetúa el statu quo” y permitiría incluso aumentos posteriores en las comisiones.
Austen Jensen, vicepresidente de la RILA, señaló que el recorte “no compensa los aumentos que se han producido en los últimos años”. Jennifer Hatcher, de la Asociación de la Industria Alimentaria, coincidió en que los “supuestos ahorros” podrían esfumarse si las empresas elevan sus tarifas.
El litigio ha pasado por múltiples intentos fallidos de resolución, incluido uno en 2016 de $7,250 millones y otro en 2024 de $30,000 millones. Ahora, el nuevo acuerdo se perfila como la última oportunidad para zanjar el caso. Richard Hunt, de la Coalición de Pagos Electrónicos, expresó optimismo: “No todo el mundo está contento, así que probablemente sea un gran negocio”.
Más allá del fallo judicial, la batalla revela una realidad inmutable: el control de las grandes redes de pago sigue marcando las reglas del consumo moderno, dejando poco margen a quienes las usan o dependen de ellas.
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