En una etapa en la que la Inteligencia Artificial empieza a influir en sectores clave de la administración pública y la vida cotidiana, Bogotá abrió una ruta inédita al aprobar una regulación que busca ordenar su implementación sin frenar la innovación. La discusión sobre cómo utilizar estas herramientas sin poner en riesgo derechos fundamentales encontró un nuevo punto de partida en la capital.
El Concejo aprobó el Proyecto de Acuerdo 400 de 2025, iniciativa impulsada por el concejal Andrés Barrios, que establece la obligación de crear lineamientos formales para garantizar un uso responsable y transparente de la IA en el Distrito Capital. Tras su aprobación en plenaria, el documento pasó a sanción del alcalde, y la entidad encargada de Tecnologías de la Información tendrá un plazo de hasta 12 meses para emitir las directrices que orientarán el proceso.
Según Barrios, la decisión posiciona a Bogotá como la primera ciudad colombiana con un marco específico para esta tecnología. Aseguró que la intención no es prohibir, sino impulsar una transformación digital con sentido social, destacando que una IA bien orientada puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo sostenible, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
El acuerdo ordena diseñar una serie de pautas que abarcan la clasificación de riesgos en sistemas de IA, la protección de datos personales, la participación ciudadana en proyectos de alto impacto, la supervisión humana en procesos automatizados y la identificación obligatoria de contenido generado por IA en comunicaciones institucionales. También establece programas de formación para estudiantes y docentes sobre el uso ético de tecnologías generativas.
Con esta decisión, Bogotá se ubica a la vanguardia nacional y regional en materia de regulación tecnológica, apostando por un equilibrio entre innovación, transparencia y protección de derechos.
El avance refleja la intención de la ciudad de construir una modernización digital sólida y confiable, que incorpore la tecnología como aliada del bienestar colectivo y no como un riesgo para sus habitantes.
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