En medio de un clima político cada vez más crispado, un nuevo capítulo se abrió este viernes con declaraciones que apuntan directamente al corazón de la burocracia presidencial y al uso de un mecanismo que, durante décadas, había pasado casi inadvertido: el Autopen.
Donald Trump afirmó que está anulando “todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden”, asegurando que “quienes operaron el Autopen lo hicieron ilegalmente”. Añadió que si Biden afirma haber participado en esas firmas, “será acusado de perjurio”, aunque no presentó pruebas que respalden sus señalamientos. La Casa Blanca y portavoces del expresidente evitaron emitir comentarios inmediatos, mientras que Biden ha negado previamente que sus asesores usaran el dispositivo sin su aprobación.
El uso del Autopen no es nuevo: tanto demócratas como republicanos han dependido de él para replicar firmas en documentos oficiales. El propio Trump admitió haberlo utilizado en “documentos sin importancia”, pero sostiene que no debe emplearse en decisiones de peso. Aunque un presidente puede revocar órdenes ejecutivas de su antecesor, expertos legales señalan que no existe un mecanismo para revertir indultos ya concedidos, incluso aquellos otorgados por Biden a familiares o miles de conmutaciones firmadas al final de su mandato.
La polémica se ha intensificado desde las elecciones, con republicanos cuestionando la capacidad mental de Biden para autorizar el uso del Autopen. En una entrevista con el New York Times, Biden calificó de “mentirosos” a quienes sugieren que sus asesores abusaron del sistema y aseguró haber autorizado verbalmente cada indulto y conmutación. Paralelamente, el Comité de Supervisión de la Cámara pidió al Departamento de Justicia investigar todas las medidas ejecutivas del demócrata ante la falta de documentación formal sobre sus aprobaciones.
La administración Trump incluso reemplazó el retrato oficial de Biden en la Casa Blanca por la imagen de un bolígrafo automático, un gesto simbólico que refleja la profundidad del conflicto. La fiscal general Pam Bondi confirmó que su equipo está “revisando el supuesto uso por parte de la administración Biden de la pluma automática para los indultos”. Esto ocurre pese a que una opinión legal del Departamento de Justicia, emitida durante el gobierno de George W. Bush, avaló el uso del Autopen siempre que la decisión final provenga del presidente.
La posibilidad de que el actual presidente logre anular todas las órdenes ejecutivas firmadas con Autopen durante la era Biden, enfrenta serios límites legales y prácticos. Aunque un presidente puede derogar directivas previas, necesitaría demostrar que las firmas fueron inválidas, algo complejo porque la ley vigente —incluida la opinión del Departamento de Justicia bajo George W. Bush— autoriza el uso del Autopen siempre que el presidente haya tomado la decisión final. Sin pruebas contundentes de abuso o falsificación, cualquier intento masivo de invalidación podría quedar bloqueado en tribunales y derivar en un prolongado conflicto institucional.
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