Un clima de creciente tensión entre el periodismo nacional y el Departamento de Defensa tomó un giro decisivo después de que The New York Times presentara una demanda federal para impugnar las nuevas restricciones que el Pentágono impuso al acceso de los reporteros. La acción legal, dirigida contra el Departamento de Defensa, el secretario Pete Hegseth y el portavoz Sean Parnell, busca frenar una política que los medios consideran sin precedentes.
La disputa comenzó en octubre, cuando los periodistas del Pentágono debieron entregar sus pases de acceso tras negarse a firmar nuevas reglas consideradas intrusivas. Para el Times, la medida constituye “un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al gobierno”, según afirmó el portavoz Charlie Stadtlander, quien añadió que el medio “pretende defenderse enérgicamente” ante lo que describe como una violación de los derechos de la Primera y Quinta Enmienda. Los abogados del diario solicitan que la política sea declarada inconstitucional y que su implementación quede prohibida.
El Pentágono respondió que está “al tanto de la demanda” y que presentará sus argumentos en tribunales. Las autoridades han defendido las restricciones como medidas de seguridad nacional, aunque críticos sostienen que la verdadera intención es desplazar a periodistas veteranos y reemplazarlos con creadores de contenido afines a Trump.
Esta semana, Hegseth invitó a docenas de influyentes del movimiento MAGA, presentados como el “nuevo cuerpo de prensa del Pentágono”, mientras corresponsales tradicionales quedaron excluidos. Parnell incluso afirmó que los reporteros que devolvieron sus credenciales “eligieron autodeportarse” y “no se les echará de menos”.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, incluida la Fundación para la Libertad de Prensa y la Asociación de Prensa del Pentágono, aplaudieron la demanda. La WHCA calificó la acción legal como “un paso necesario y vital”. CNN también respaldó el litigio al rechazar la política que, según dijo, busca obligar a los medios a “renunciar a sus principios periodísticos” a cambio de acceso.
El desafío legal abre un nuevo capítulo en la relación entre gobierno y prensa, mientras la industria observa con atención un caso que podría redefinir los límites del acceso periodístico en tiempos de creciente confrontación política.
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