A medida que las herramientas de inteligencia artificial avanzan con velocidad inédita, las autoridades europeas vuelven a poner bajo la lupa a un actor recurrente. En esta ocasión, el escrutinio se centra en el modo en que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo alimenta sus sistemas con contenido disponible en internet.
La Comisión Europea anunció una investigación formal para determinar si Google infringió las normas de competencia del bloque al utilizar contenido de editores web y de YouTube con fines de inteligencia artificial. El órgano regulador señaló que analizará si la compañía impuso “términos y condiciones injustos” a los creadores, o si se otorgó a sí misma un acceso privilegiado a ese material en detrimento de otros desarrolladores de modelos de IA. Teresa Ribera, comisaria de competencia, advirtió que la innovación “no puede producirse a expensas de los principios fundamentales de nuestras sociedades”.
El expediente examinará también hasta qué punto funciones como AI Overviews o AI Mode se nutren de contenido periodístico sin compensación adecuada y sin ofrecer a los editores la posibilidad de negarse sin perder visibilidad en Google Search. Se trata de un punto especialmente sensible para medios de comunicación que dependen del tráfico derivado del buscador.
No es la primera vez que Bruselas actúa contra la compañía. En septiembre, Google fue sancionada con casi €3,000 millones ($3,400 millones) por distorsionar la competencia en el mercado de tecnología publicitaria. Entonces, Lee-Anne Mulholland, directora global de asuntos regulatorios, sostuvo que la decisión era “errónea” y defendió que “existen más alternativas a nuestros servicios que nunca”.
La ofensiva europea se produce en un contexto de creciente tensión con las grandes tecnológicas estadounidenses. En los últimos días, la Comisión multó a X con €120 millones ($140 millones) por incumplir obligaciones de transparencia, mientras que Meta enfrenta otra investigación por permitir que proveedores de IA accedan a datos de WhatsApp.
El nuevo caso contra Google profundiza una tendencia: una UE más decidida a frenar prácticas que considera desequilibrantes en un sector donde la velocidad del avance tecnológico supera con frecuencia a la regulación.
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