En medio de un clima político cargado por las discusiones migratorias y el creciente escrutinio sobre los procesos de deportación, nuevas decisiones logísticas del gobierno federal comienzan a delinear la magnitud de su estrategia. La medida llega mientras diferentes agencias buscan mayor independencia operativa para ejecutar órdenes migratorias a gran escala.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la compra de seis aviones Boeing 737 que serán utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según The Washington Post, el contrato con Daedalus Aviation asciende a casi $140 millones. El medio también señaló que los ejecutivos de la compañía ocupan puestos equivalentes en Salus Worldwide Solutions, una empresa con un contrato adicional cercano a $1,000 millones para apoyar programas de “autodeportación” voluntaria.
Previamente que la administración Trump tiene como objetivo deportar a 1 millón de inmigrantes este año. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, celebró la atención mediática, asegurando que la iniciativa refleja “las formas rentables e innovadoras de la administración Trump de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales criminales”. Añadió que la compra permitirá que ICE “opere de manera más efectiva”, lo que representaría un ahorro de $279 millones para los contribuyentes gracias a patrones de vuelo más eficientes.
McLaughlin sostuvo además que “el presidente Trump y [la secretaria del DHS, Kristi] Noem están comprometidos a sacar de nuestro país de manera rápida y eficiente a los inmigrantes ilegales criminales”.
Actualmente, la mayoría de los vuelos de deportación se realizan mediante compañías chárter, por lo que la adquisición de aeronaves propias marca un giro operativo que podría redefinir la capacidad del gobierno para ejecutar su política migratoria con mayor autonomía.
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