En medio de una creciente tensión en el Caribe, una serie de movimientos militares y decisiones políticas comenzó a delinear un escenario de confrontación que trasciende lo diplomático y se adentra en un terreno de consecuencias imprevisibles para la región y los mercados energéticos globales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó un bloqueo de todos los “petroleros sancionados” que entren o salgan de Venezuela, una medida que eleva de forma drástica la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio se produjo apenas una semana después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque petrolero frente a las costas venezolanas.
“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social, añadiendo que el despliegue “seguirá creciendo” hasta que Caracas “devuelva a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”.
En el mismo mensaje, el mandatario acusó al Ejecutivo venezolano de usar el crudo para “financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro” y anunció que el régimen fue designado como “una organización terrorista extranjera”. “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, escribió.
La Casa Blanca sostiene que la campaña militar busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aunque la jefa de gabinete, Susie Wiles, reconoció en una entrevista que Trump “quiere seguir destruyendo barcos hasta que Maduro se rinda”. Legisladores de ambos partidos han cuestionado la legalidad de las operaciones, que han dejado al menos 95 muertos en 25 ataques conocidos contra embarcaciones en aguas internacionales.
Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de un millón de barriles diarios, ha recurrido desde 2017 a una flota clandestina para exportar crudo tras las sanciones. Desde Caracas, Maduro rechazó las acusaciones y aseguró que el país no cederá ante la presión externa, denunciando lo que calificó como “una agresión multidimensional” contra su soberanía.
El endurecimiento del cerco marítimo y el cruce de acusaciones abren una etapa de mayor incertidumbre, en la que la confrontación política se mezcla con riesgos militares y económicos que podrían redefinir el equilibrio regional.
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