Mientras la atención internacional se concentra en los movimientos judiciales que rodean a Nicolás Maduro en Estados Unidos, otros procesos, igual de trascendentes, avanzan en segundo plano. Se trata de investigaciones que no solo apuntan a delitos económicos o de narcotráfico, sino a acusaciones mucho más amplias sobre el ejercicio del poder y el uso sistemático de la represión en Venezuela.
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El proceso penal en Estados Unidos
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes 5 de enero ante un tribunal federal de Manhattan para responder a cargos por narcotráfico, corrupción y delitos relacionados con armas. El mandatario venezolano enfrenta cuatro imputaciones federales, mientras que Flores está acusada de presunto apoyo logístico y financiero a una estructura criminal, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, tras ser capturado en Caracas durante una operación militar estadounidense el sábado 3 de enero y trasladado posteriormente a Nueva York. La Fiscalía amplió una acusación que se remonta a 2020, en la que ya figuraban cargos por conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Según el doctor en Derecho Internacional Rafael Arturo Prieto Sanjuan, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, este proceso responde exclusivamente al marco legal estadounidense. “Son dos planos diferentes: uno es el orden unilateral; es una acción de Estados Unidos que le imputa cargos a Maduro y a su esposa de acuerdo con las leyes de su ordenamiento jurídico”, explicó en diálogo con el medio europeo France 24. El especialista añadió que incluso podrían incorporarse otros delitos bajo leyes estadounidenses que contemplan tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero.
Las investigaciones de la ONU y la CPI
De forma paralela, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, ha insistido en que el procesamiento penal de Maduro no debe eclipsar las graves violaciones de Derechos Humanos atribuidas a su gobierno. En un comunicado reciente, el organismo pidió “garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno”.
La misión de la ONU ha documentado, a través de ocho informes, un patrón sistemático que incluye detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y represión política, todo ello en un contexto de impunidad. Aunque este mecanismo no es judicial, la información recopilada puede ser muy importante precisamente para otros procesos judiciales, como el proceso ante la Corte Penal Internacional.
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Escenarios abiertos y límites políticos
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, aunque hasta ahora no ha formulado cargos formales. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que rige la CPI, aunque sí integra el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que podría remitir un caso al tribunal, sin embargo, es un escenario que se considera políticamente difícil.
A esto se suma lo que los especialistas describen como una parálisis de los organismos multilaterales, debido al sistema de vetos en el Consejo de Seguridad y a las limitaciones de instancias regionales como la OEA. Aun así, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, pidió mantener el foco en “las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana”.
En medio de este entramado jurídico y político, el caso del dictador Nicolás Maduro avanza por carriles distintos que podrían confluir o divergir con el tiempo. Lo que resulta claro es que, más allá del juicio en Nueva York, las acusaciones por abusos sistemáticos siguen abiertas y continúan marcando el debate sobre justicia y responsabilidad internacional.
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