El gobierno de Venezuela activó un estado de conmoción exterior que autoriza la detención inmediata de cualquier persona que apoye o celebre el ataque militar de Estados Unidos, incluida la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
El decreto ordena a los cuerpos de seguridad “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República”, y establece que los arrestados serán puestos “a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal”.
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La medida, firmada por Maduro el 3 de enero antes de su aprehensión, permite además restringir derechos como la libre circulación, la manifestación y la reunión durante 90 días, prorrogables por un período similar. Hasta ahora, se han reportado al menos dos detenciones por “celebrar el secuestro del presidente Maduro”, ocurridas en Guaraque, donde la policía aseguró que los implicados “se encontraban gritando consignas en contra del gobierno (…) e incitando a la violencia”.
Organizaciones civiles y gremios periodísticos alertaron sobre más casos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó la detención de 14 periodistas durante la instalación de la Asamblea Nacional, de los cuales 13 fueron liberados horas después y uno deportado. También se reportaron retenciones temporales de comunicadores extranjeros en zonas fronterizas.
Las advertencias oficiales acompañaron el decreto. El gobernador Freddy Bernal afirmó: “No permitiremos burlas celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Nos haremos respetar con la fuerza de la Constitución”. Para un activista de derechos humanos, esta combinación explica “la tensa calma que se respira”.
Expertos internacionales han expresado preocupación. Marta Valiñas, expresidenta de la Misión de la ONU para Venezuela, advirtió que el escenario “crea riesgos adicionales para la protección de los derechos humanos” y que podrían producirse “nuevas violaciones graves”.
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La normativa también autoriza la militarización de servicios públicos y la industria petrolera, mientras en Caracas se han observado retenes con presencia de civiles armados afines al gobierno. El uso por primera vez de esta figura excepcional marca un punto de inflexión que refuerza el control interno y profundiza el temor a nuevas detenciones en un país ya golpeado por años de represión y crisis.
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