Paramount pidió que los estados que demandaron para bloquear su operación con Warner Bros. Discovery depositen una fianza de $1,900 millones, argumentando que el retraso del acuerdo podría generarle pérdidas financieras difíciles de recuperar.
La compañía presentó la solicitud ante un tribunal federal el lunes, en una nueva ofensiva dentro de la disputa antimonopolio que enfrenta a Paramount con una coalición de 12 fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.
El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó el planteamiento y sostuvo que Paramount conocía los riesgos regulatorios cuando aceptó las condiciones financieras de la operación. Los estados argumentan que su demanda busca proteger el interés público mediante la aplicación de las leyes antimonopolio.
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¿Por qué Paramount reclama una garantía de $1,900 millones?
El argumento de Paramount se concentra en los costos que comenzarán a acumularse si la transacción no se completa antes del 30 de septiembre. Según la moción, la empresa tendrá que pagar aproximadamente $7 millones diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery por gastos asociados al retraso, además de costos vinculados con sus compromisos de financiamiento.
El acuerdo de fusión firmado por ambas compañías permanece vigente hasta junio de 2027. Paramount calcula que, para cuando concluya el juicio antimonopolio previsto para marzo y exista una decisión judicial, podría haber acumulado aproximadamente $1,300 millones en pérdidas financieras irrecuperables.
La compañía sostiene que una fianza permitiría compensar esos costos si finalmente gana el proceso. Sin embargo, la decisión queda en manos de la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien anteriormente rechazó exigir una garantía financiera al considerar que los estados actuaban para defender intereses públicos relevantes.
¿Qué está en juego para Paramount y Warner Bros. Discovery?
La disputa puede determinar no solamente el futuro de la operación, sino también el nivel de concentración permitido en una industria transformada por el streaming y la competencia por las audiencias digitales.
Los estados consiguieron una victoria inicial cuando Martínez-Olguín emitió una orden de restricción temporal. Posteriormente, Paramount y los demandantes acordaron evitar una audiencia preliminar sobre una medida cautelar y avanzar directamente hacia el juicio antimonopolio.
Expertos citados en torno al caso consideran que la solicitud de fianza podría aumentar la presión para alcanzar un acuerdo antes del juicio. También existe la posibilidad de que Paramount esté preparando argumentos para acelerar una eventual apelación si recibe un fallo desfavorable.
Bonta sostiene que Paramount aceptó las condiciones económicas de la transacción mientras los reguladores todavía examinaban el acuerdo y rechaza que los contribuyentes de California deban asumir esos riesgos.
Para inversionistas, trabajadores y consumidores, incluida la audiencia hispana con un peso relevante en el mercado estadounidense del entretenimiento, el desenlace podría influir en empleos, producción audiovisual, precios y oferta de contenidos. Una consolidación puede generar eficiencias operativas, pero las autoridades deberán determinar si también reduce la competencia.
Paramount advierte que sufrirá pérdidas importantes mientras continúe el proceso. Los fiscales estatales mantienen que su demanda está sustentada en la legislación antimonopolio y consideran que la fianza solicitada carece de fundamento.
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