El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se sumó a una coalición de ciudades y estados gobernados por demócratas que demandó a la administración del presidente Donald Trump para bloquear nuevas restricciones que podrían dificultar la obtención de la residencia permanente.
La política, anunciada en julio y prevista para entrar en vigor el viernes, concede mayor discreción a funcionarios migratorios para determinar si un solicitante probablemente se convertirá en una “carga pública” en algún momento.
“Este es un intento descarado de privar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen”, declaró públicamente Mamdani. “La gente podría morir”.
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¿Cómo afectarían las nuevas restricciones de Trump a los solicitantes de Green Card?
El cambio amplía los beneficios públicos que podrían considerarse al evaluar una solicitud. Además de asistencia económica gubernamental y atención médica de largo plazo financiada públicamente, la política incluye programas como SNAP y WIC.
Los demandantes advierten que incluso beneficios utilizados por familiares podrían influir en algunas evaluaciones. Esto podría llevar a hogares elegibles a evitar ayudas de alimentación, salud o educación por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
USCIS indicó que grupos como solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas están exentos.
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¿Por qué Nueva York y otros estados demandaron a la administración Trump?
Mamdani participa en una de las acciones legales contra la medida, mientras la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 21 estados presentaron otra demanda.
“Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre llevar comida a la mesa, obtener la atención médica que necesitan y labrarse un futuro en este país”, afirmó públicamente James.
Los demandantes sostienen que la política podría aumentar la inseguridad alimentaria, enfermedades sin tratamiento y dificultades de vivienda.
La disputa tiene especial relevancia para Nueva York y otras ciudades con amplias comunidades inmigrantes. Para numerosas familias hispanas, particularmente hogares con estatus migratorios mixtos, el litigio podría determinar si utilizar determinados programas públicos tendrá consecuencias al solicitar la residencia permanente.
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