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El sol de Sicilia brillaba sobre el mar aquel día en que un superyate desapareció entre las olas, dejando tras de sí una estela de luto y preguntas sin resolver. Entre los siete fallecidos estaba Mike Lynch, el fundador de Autonomy Corp, cuya vida acabó abruptamente, pero cuya batalla legal continúa arrastrando consecuencias financieras gigantescas.

Este martes, un tribunal del Reino Unido dictaminó que el patrimonio de Lynch y su exdirector financiero, Sushovan Hussain, deben a Hewlett-Packard Enterprise (HPE) más de $940 millones, como resultado de un prolongado caso de fraude civil relacionado con la venta de Autonomy en 2011. HPE había adquirido la empresa por $11,000 millones, alegando después que la posición financiera de la compañía fue deliberadamente distorsionada.

“Nos complace que esta decisión nos acerque un paso más a la resolución de esta disputa”, expresó HPE en un comunicado. El juez Robert Hildyard ya había fallado en 2022 a favor de la compañía estadounidense, aunque entonces advirtió que la cifra por indemnización sería menor a los $4,000 millones originalmente solicitados.

En su fallo escrito, el juez reconoció una pérdida de £646 millones derivada de la diferencia entre el precio de adquisición y el valor real de Autonomy, además de £51.7 millones por reclamos personales y $47.5 millones por otras pérdidas relacionadas con el fraude.

Sushovan Hussain, el ex CFO, ya había sido condenado por fraude electrónico en EE. UU. en 2018 y sentenciado a cinco años de prisión. Ahora, el fallo extiende la responsabilidad financiera a ambos ex ejecutivos, incluso después de la muerte de Lynch.

Una audiencia futura en noviembre determinará detalles como la conversión monetaria, los intereses acumulados y si los herederos de Lynch podrán apelar la decisión. Póstumamente, Lynch dejó una declaración crítica: “Este resultado expone el fracaso de HP y deja claro que el inmenso daño a Autonomy se debió a los propios errores y acciones de HP”.

Pero los tribunales británicos han hablado: la tragedia personal no anula la responsabilidad corporativa. La batalla legal de Lynch ha concluido, pero su impacto aún retumba en los despachos financieros.

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