La nueva política migratoria de Donald Trump ha generado una tormenta legal. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno por cerrar el acceso al asilo en la frontera sur, calificando la medida como “ilegal y sin precedentes”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) lidera la denuncia presentada en un tribunal federal en Washington, argumentando que la orden ejecutiva de Trump “pone en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución”. Según los abogados, la administración está expulsando a migrantes sin permitirles solicitar protección, lo que viola las leyes estadounidenses. “El gobierno está haciendo exactamente lo que el Congreso decretó que Estados Unidos no debe hacer”, denunciaron los grupos.
La Casa Blanca, sin embargo, defendió la decisión del presidente. “Trump recibió un mandato rotundo para poner fin al abuso de nuestras leyes de inmigración”, afirmó el portavoz Kush Desai. En la orden ejecutiva, Trump justificó la medida alegando que la situación en la frontera sur constituye una “invasión” y suspendió la entrada física de migrantes “hasta que él decida que ha terminado”.
La demanda sostiene que la proclamación del presidente “falsamente afirma una invasión” y viola los derechos de los solicitantes de asilo. “Ningún presidente ha reivindicado jamás el poder de eliminar unilateralmente el asilo”, advirtió el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
Los demandantes también denunciaron que el gobierno “expulsa sumariamente a los no ciudadanos en cuestión de horas”, sin permitirles siquiera hacer una llamada telefónica. La batalla legal apenas comienza, pero la comunidad inmigrante ya enfrenta un escenario de incertidumbre y temor.
