Un acuerdo sin precedentes entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría permitir que este último acceda a información fiscal confidencial con el fin de ubicar y deportar a inmigrantes indocumentados.
De concretarse, se trataría de un giro radical en la política histórica del IRS, que siempre ha protegido la privacidad de los contribuyentes, sin importar su estatus migratorio.
Según el Washington Post, el borrador del acuerdo autorizaría a ICE a presentar nombres y direcciones de personas con órdenes finales de deportación para cotejarlos con registros del IRS. Solo dos altos funcionarios, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Todd Lyons, director interino de ICE, podrían solicitar dicha información.
El documento usa una excepción legal muy específica de las normas de privacidad del IRS: la que permite el uso de datos fiscales en investigaciones criminales. Sin embargo, varios funcionarios veteranos han manifestado su preocupación, ya que temen que esta política desincentive el cumplimiento fiscal entre los inmigrantes indocumentados. Actualmente, más de 5 millones de declaraciones provienen de este grupo.
El cambio coincide con los crecientes esfuerzos de deportación impulsados por el presidente Donald Trump. Incluso, el excomisionado interino del IRS, Doug O’Donnell, renunció tras negarse a entregar información sobre más de 700,000 inmigrantes. Fue reemplazado por Melanie Krause, quien, según fuentes, estaría más dispuesta a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque el acuerdo aún no se ha oficializado, de firmarse marcaría un antes y un después en la relación entre inmigración, privacidad y fiscalidad en Estados Unidos.
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