La administración del presidente Donald Trump revocará el estatus legal temporal de más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa humanitario CHNV, impulsado por el expresidente Joe Biden. Esta medida afecta a quienes obtuvieron autorización para vivir y trabajar legalmente por dos años mediante patrocinadores estadounidenses.
Cuenta regresiva de 30 días para abandonar el país
Las autoridades informaron que los permisos vencerán el 24 de abril. Los migrantes deberán salir del país antes de esa fecha o enfrentarán arresto y deportación.
Se les ha pedido registrarse para la autodeportación usando la app CBP Home. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que priorizará para arresto a quienes no soliciten otros beneficios legales, como asilo o residencia permanente.
Organizaciones anuncian batalla legal
Karen Tumlin, fundadora del Centro de Acción por la Justicia, anunció que impugnarán la decisión. “Decir ‘lo sentimos, aunque le quedaran 18 meses de permiso, se lo quitamos en 30 días’, es bastante impactante”, afirmó. También criticó que las personas cumplieron con todos los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense.
Justificación oficial: proteger empleos y seguridad
El DHS justificó la cancelación del programa alegando evaluaciones erróneas y perjuicios a los trabajadores estadounidenses. Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia, afirmó que esta acción representa “un regreso a políticas de sentido común y al lema Estados Unidos Primero”. El gobierno también suspendió todas las solicitudes de beneficios migratorios pendientes de personas ingresadas bajo CHNV.
Miles quedan en el limbo migratorio
El programa CHNV permitió la entrada legal de más de 213,000 haitianos, 120,700 venezolanos, 110,900 cubanos y 93,000 nicaragüenses. Su propósito era ofrecer una vía ordenada de migración y reducir los cruces ilegales. Sin embargo, con esta revocación, muchos enfrentan ahora un futuro incierto.
La cancelación de este programa se suma a la decisión reciente del gobierno de Trump de terminar también con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y venezolanos, lo que aumenta la presión sobre comunidades ya vulnerables y podría derivar en deportaciones masivas.
¿Qué sigue ahora?
Los migrantes afectados enfrentan una carrera contrarreloj: tienen 30 días para abandonar Estados Unidos o buscar alternativas legales como el asilo o la residencia permanente. Sin nuevas protecciones, muchos podrían ser arrestados y deportados.
La incertidumbre reina, especialmente para quienes no tienen opciones migratorias claras. La presión política y social podría influir en el rumbo de esta medida, pero por ahora, miles de familias viven con el temor de ser separadas o forzadas a regresar a contextos de crisis.
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