En medio de tensiones políticas, decisiones judiciales y proclamaciones presidenciales, dos jueces federales pusieron freno —al menos temporal— a uno de los movimientos migratorios más polémicos del gobierno de Donald Trump.
El uso de una ley de guerra causa revuelo
Jueces federales de Nueva York y Texas bloquearon provisionalmente las deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, una organización delictiva que Trump ha calificado como una amenaza para la seguridad nacional. Su argumento legal: una proclamación del 15 de marzo que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de hace más de 200 años.
El juez Alvin Hellerstein, en Manhattan, aseguró que prohibirá la expulsión de los detenidos bajo esa proclama. Uno de los casos afecta al menos a dos venezolanos recluidos en una cárcel del condado de Goshen. Según un funcionario del Departamento de Justicia, hay “menos de 10” personas detenidas allí bajo esos cargos.
En Texas, el juez Fernando Rodríguez detuvo también las deportaciones desde el centro de detención de Raymondville, aplicando su fallo inicialmente a tres hombres que presentaron una impugnación ese mismo día.
Una batalla que aún no termina
Ambas órdenes judiciales vencen a fin de mes, mientras los jueces consideran si extenderlas. La ACLU, que presentó las demandas en nombre de cinco venezolanos, afirma que estos tienen derecho a cuestionar su supuesta afiliación a pandillas y a impugnar el uso de una ley diseñada para tiempos de guerra.
“La exclusión bajo esta norma no puede aplicarse sin notificación ni derecho a defensa”, exigió la Corte Suprema esta semana. Aunque Trump aún tiene margen de acción, los tribunales han dejado claro que el proceso debe respetarse.
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