Una escena que parecía sacada de otro tiempo se convirtió en realidad este lunes. Con cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema reactivó un mecanismo legal de más de 200 años de antigüedad para permitir la deportación inmediata de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, bajo una prisión de máxima seguridad y sin previo aviso.
El drama legal estalló con fuerza, dejando al descubierto fisuras dentro del máximo tribunal y reviviendo viejos fantasmas legales en nombre de la seguridad nacional.
La administración Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión de migrantes vinculados al Tren de Aragua, una pandilla a la que calificó como brazo armado de Venezuela. Aunque la Corte autorizó las deportaciones, también sentenció que los detenidos tienen derecho a ser notificados y a impugnar el procedimiento ante un juez federal en Texas, donde están recluidos.
La medida anuló la orden del juez James Boasberg, quien había frenado las expulsiones tras denunciar violaciones al debido proceso.
La jueza Sonia Sotomayor lideró la disidencia, acusando a la mayoría conservadora de precipitarse en favor del gobierno. “Nosotros, como nación y como tribunal de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, escribió.
Trump celebró la decisión como un respaldo al “estado de derecho”, mientras abogados de la ACLU la interpretaron como una victoria parcial al garantizar que los migrantes puedan presentar su caso.
Las deportaciones ya iniciadas incluyeron traslados sin previo aviso al Cecot, en El Salvador, cuya llegada fue capturada por el gobierno salvadoreño en un video viral. La administración busca así reforzar su discurso de mano dura, mientras persiste la controversia sobre el uso de leyes de tiempos de guerra para gestionar la migración en tiempos de paz.
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