Sin advertencia y en medio de una creciente tensión jurídica, una corte federal de apelaciones concedió a la administración Trump una inesperada pausa. La decisión congela, por ahora, el fallo que invalidaba los aranceles impuestos como parte del controversial plan comercial del mandatario. Con esta medida, el equipo legal de Trump gana tiempo crucial para defender la legitimidad de su estrategia arancelaria.
La batalla legal continúa
El fallo original del Tribunal de Comercio Internacional, emitido el miércoles por la noche, anulaba permanentemente los aranceles de represalia impuestos a decenas de países y prohibía cualquier modificación futura. En su lugar, ahora queda una suspensión temporal “hasta nuevo aviso mientras este tribunal considera los documentos de las mociones”, de acuerdo con la orden oficial.
La administración Trump había anticipado esta jugada. Advirtió que si el tribunal no actuaba con rapidez, acudiría de inmediato a la Corte Suprema. El asesor comercial Peter Navarro fue tajante: “Incluso si perdemos, lo haremos de otra manera”, asegurando que aún tienen otras herramientas legales para mantener los aranceles.
Acusaciones cruzadas y presión al sistema judicial
La reacción desde la Casa Blanca fue virulenta. “La Corte Suprema debe poner fin a esto”, exigió la secretaria de prensa Karoline Leavitt, advirtiendo que el fallo “amenaza con socavar la credibilidad de Estados Unidos a nivel mundial”. Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue aún más directo: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, escribiendo en redes sociales su denuncia de un supuesto “golpe judicial”.
Respuesta de los demandantes: el daño es real
Los demandantes, entre ellos fiscales generales estatales y empresas nacionales afectadas, tendrán una semana para responder a la solicitud de suspensión pendiente de apelación. “Estamos seguros de que el Circuito Federal finalmente rechazará la moción del gobierno”, afirmó el abogado Jeffrey Schwab, argumentando que los aranceles causan “daño irreparable”.
El panel de jueces que emitió el fallo anterior, incluyendo un designado por Trump, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no otorga al presidente “autoridad ilimitada” para imponer tarifas. Esta interpretación fue la base para bloquear el llamado “día de la liberación”, una ofensiva arancelaria lanzada por Trump en abril.
Un fallo con implicaciones globales
El caso ha escalado rápidamente hasta el punto de amenazar con llegar a la Corte Suprema. La administración presentó su apelación apenas horas después del fallo, solicitando una suspensión de emergencia y criticando con dureza a los jueces involucrados. La orden de los magistrados originales no solo bloqueó los aranceles, sino que dio 10 días para desmantelar la medida por completo.
Mientras tanto, el dólar estadounidense mostró un leve repunte y los mercados globales reaccionaron con cautela. Pero si algo ha dejado claro esta secuencia judicial es que, bajo el mandato de Trump, los aranceles no son solo una herramienta comercial, sino también un campo de batalla político y constitucional.
Mantente al día en la actualidad financiera conectándote a la señal en vivo de Comercio TV aquí.
