Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable en un juicio penal. La decisión, leída en una sala colmada de tensión, marca un hito político y judicial de magnitudes impredecibles.
La jueza Sandra Heredia encontró a Álvaro Uribe Vélez responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, tras un proceso que se extendió durante 475 días, con 69 audiencias y decenas de testigos. Heredia, bajo fuerte presión mediática y política, señaló que “la evidencia presentada demuestra un patrón de conducta que buscaba distorsionar la administración de justicia”.
Origen del caso
El caso se originó tras la denuncia del senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de manipular testimonios de exparamilitares. Las pruebas claves incluyeron grabaciones, interceptaciones legales y declaraciones de testigos como Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró haber recibido presiones para retractarse de sus denuncias contra el expresidente.
¿De qué fue acusado Álvaro Uribe?
El expresidente fue acusado de tres delitos en el marco de un proceso judicial relacionado con la manipulación de testigos:
El primero de ellos fue por soborno en actuación penal, por presuntamente ofrecer beneficios a testigos para que cambiaran su versión en procesos judiciales. En segundo lugar, fraude procesal, por inducir a error a la justicia mediante maniobras engañosas para favorecerse legalmente y finalmente, soborno (simple), por supuestamente haber ofrecido dádivas a terceros fuera del contexto estrictamente judicial.
¿Qué decidió el tribunal?
Fue declarado culpable de dos delitos: Soborno en actuación penal y fraude procesal, y absuelto de Soborno simple. La magistrada describió los intentos de alterar el curso del proceso como “una estrategia sistemática para desinformar al aparato judicial”, según el fallo de más de mil páginas.
¿Qué sigue ahora?
En respuesta, la defensa del exmandatario anunció que llevará el caso al Tribunal Superior de Bogotá y, de ser necesario, hasta la Corte Suprema. “La presunción de inocencia sigue intacta hasta una sentencia definitiva”, afirmó su abogado, Jaime Granados.
Debido a que Uribe tiene 73 años, es altamente posible que la condena —si es ratificada en segunda instancia— se cumpla en prisión domiciliaria, una modalidad legalmente permitida en Colombia para personas mayores de 65 años.
¿Podría ocurrir lo mismo con los sucesores de Uribe Vélez incluyendo el actual presidente?
Una situación como la actual podría darse únicamente después de dejar el cargo. Mientras está en funciones, el presidente de Colombia goza de fuero constitucional y solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano ampliamente criticado por su ineficacia.
Una vez que un presidente abandona el poder, puede ser procesado como un ciudadano común, lo que habilita a la Fiscalía y los jueces ordinarios para actuar. Es decir, bajo un contexto de denuncias sólidas, y además, contando con que la Fiscalía actúe con independencia y el entorno político lo permita, podrían venir juicios similares a expresidentes colombianos, incluyendo a Gustavo Petro una vez deje el cargo.
Polarización alimentada por sectarismo
En Colombia existe actualmente un pueblo, dividido y enfrentado, que defiende a líderes…que en privado pactan con sus supuestos enemigos. Ejemplo de ello son Armando Benedetti y Roy Barreras, dos políticos tradicionales que han servido a beneficio propio y sin ningún escrúpulo, tanto a los gobiernos de derecha de Álvaro Uribe y sus sucesores, como al actual gobierno de izquierda de Gustavo Petro.
Mientras las masas se insultan por ideologías tal y como se observó a las afueras del lugar donde se llevaba a cabo el juicio, la historia en las altas esferas es muy diferente: históricamente se ha visto que los políticos negocian beneficios mutuos sin importar el tinte político. Esa teatral enemistad alimenta el poder, bajo la premisa de que un pueblo distraído es más fácil de explotar.
Uribe usó el discurso de la lucha contra el terrorismo, mientras Petro ha apelado a una narrativa de lucha contra las “élites”. Ambos han usado la polarización como recurso político para consolidar su caudal electoral. Al final, comparten más de lo que admiten: liderazgos personalistas, uso del enemigo como motor político, alianzas oportunistas y control del relato público. Esto deja en evidencia que en el poder la forma puede cambiar, pero el fondo se repite.
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