La Corte Suprema, en una orden breve y sin firmar, permitió a la administración Trump reactivar patrullajes migratorios y suspendió los límites que una jueza había impuesto por indicios de perfil racial. Sin explicación de la mayoría, Brett Kavanaugh defendió la estrategia: es “de sentido común” ubicar controles donde “sea más probable que se produzcan infracciones”, y “si la persona es ciudadana estadounidense o se encuentra legalmente en Estados Unidos, será libre de irse después del breve encuentro”.
El ala liberal disintió con dureza. Sonia Sotomayor advirtió: “No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, respaldo al que se sumaron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
El fallo marca un hito tras semanas de choques en California. En julio, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong prohibió detenciones sin “sospecha razonable” y vetó basarse solo en raza, idioma, lugar o tipo de trabajo; un tribunal en San Francisco sostuvo ese criterio, hasta que el procurador general John Sauer pidió la intervención urgente del alto tribunal. En paralelo, otro juez cuestionó el uso de unidades de la Guardia Nacional en controles civiles a la luz de la Posse Comitatus Act. Desde la White House, Pam Bondi celebró: “Otra gran victoria en la Corte Suprema… ICE puede seguir realizando patrullajes itinerantes… sin la microgestión judicial”.
En el terreno, los demandantes describen lavaderos de autos, paradas de autobús, estacionamientos y tiendas Home Depot donde agentes de ICE exigieron papeles y retuvieron identificaciones “por su apariencia”. Para la ACLU, la orden permitirá “vivir en un régimen de miedo y de ‘documentos, por favor’”, alertó Cecillia Wang.
Para la comunidad latina en EE.UU., el giro judicial augura más controles e incertidumbre laboral.
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