El Departamento de Justicia de Estados Unidos protagonizó una de las mayores operaciones contra el fraude digital al confiscar $15,000 millones en bitcoins vinculados a una compleja red criminal internacional con base en Camboya.
La investigación reveló un esquema de estafa masiva conocido como “matanza de cerdos”. El término proviene de una metáfora utilizada por los propios estafadores. En este tipo de fraude, los delincuentes “engordan” a sus víctimas con atención y falsas promesas de ganancias, como si estuvieran alimentando a un cerdo antes del sacrificio. A través de meses de manipulación emocional —a menudo mediante relaciones fingidas o amistad online— logran que las víctimas confíen plenamente y transfieran grandes sumas de dinero. Cuando la estafa alcanza su punto máximo, los estafadores “matan al cerdo”, es decir, desaparecen con todo el dinero invertido.
El presunto responsable, Chen Zhi —alias “Vincent”—, fundador del conglomerado Prince Holding Group, fue acusado formalmente en un tribunal federal de Brooklyn, aunque continúa prófugo. De acuerdo con los fiscales, su empresa operaba bajo la fachada de un grupo empresarial legítimo mientras administraba una de las organizaciones criminales más grandes de Asia. “Dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversiones de la historia”, declaró el fiscal Joseph Nocella, calificando el caso como una epidemia global.
El Prince Group habría instalado “centros de trabajo forzado” en Camboya, donde cientos de personas eran retenidas y obligadas a participar en estafas de inversión en criptomonedas. Las víctimas, contactadas por redes sociales o aplicaciones de mensajería, eran persuadidas para invertir en supuestos proyectos de alto rendimiento. Sin embargo, los fondos terminaban siendo robados y lavados a través de complejas transacciones digitales.
Los investigadores indicaron que los líderes del esquema usaban su influencia política en distintos países para sobornar a funcionarios y mantener la red operativa. Las autoridades estiman que el fraude afectó a miles de personas en Estados Unidos y otros continentes, dejando pérdidas millonarias y profundos daños personales.
El caso marca un punto de inflexión en la lucha internacional contra las estafas digitales, un delito que crece al ritmo de la economía cripto y que, según el Departamento de Justicia, continuará siendo prioridad en los próximos años.
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