Mientras el estancamiento político mantiene paralizadas varias agencias federales, miles de contratistas en todo el país enfrentan una crisis financiera creciente. Las consecuencias del cierre del gobierno se han extendido más allá del sector público, afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas que dependen de los contratos federales.
De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los contratistas han perdido alrededor de $12,000 millones en las primeras cuatro semanas del cierre. El documento, enviado a los miembros del Congreso, indica que unas 65,500 pequeñas empresas están viendo mermar sus ingresos en aproximadamente $3,000 millones por semana. Entre las compañías más golpeadas figuran proveedores de maquinaria tecnológica, suministros de oficina y servicios de mantenimiento.
“Para muchas de estas pequeñas empresas, los contratos federales representan una parte considerable de sus ingresos totales”, explicó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. También destacó que los contratistas, a diferencia de los empleados federales, no reciben compensación retroactiva tras la reapertura del gobierno. “Cuando el gobierno reabre, rara vez se compensa íntegramente a los contratistas”, advirtió.
Los estados más afectados son Maryland y Virginia, donde se concentra el mayor número de contratistas gubernamentales. Sin embargo, otros como Alabama, California, Florida y Texas también reportan fuertes caídas en la facturación.
Bradley instó al Congreso a aprobar una medida temporal para reactivar el gasto público y proteger a las pequeñas empresas, subrayando que “los contratistas federales merecen la compensación que les corresponde”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, parte de las pérdidas podría recuperarse una vez que se restablezcan las operaciones gubernamentales, aunque se estima que el cierre ya ha reducido el producto interno bruto en $7,000 millones. Un cierre de seis semanas podría elevar el impacto económico a $11,000 millones y uno de ocho semanas a $14,000 millones.
El prolongado bloqueo legislativo ha transformado una disputa política en un golpe económico de gran escala, dejando a miles de empresas a la espera de una resolución que reactive sus contratos y devuelva estabilidad a uno de los sectores más dependientes del gasto federal.
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