Washington vive horas de tensión política y social tras 40 días del cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos. Con millones de ciudadanos afectados y los servicios públicos al borde del colapso, el Senado avanza hacia un acuerdo que podría poner fin a la parálisis, aunque las repercusiones ya se sienten con fuerza en los aeropuertos y en los tribunales.
Tensión en el aire y advertencias de la Casa Blanca
El presidente Donald Trump endureció su postura el lunes al ordenar que “todos los controladores aéreos vuelvan al trabajo, ¡YA!”, advirtiendo sanciones para quienes no lo hagan y prometiendo “una bonificación de $10,000” para quienes continuaron en servicio durante el cierre. “Quien no lo haga sufrirá una importante reducción salarial”, escribió en Truth Social, calificando de “GRANDES PATRIOTAS” a los empleados que no se ausentaron.
Sin embargo, la realidad en los aeropuertos dista del optimismo presidencial. El presidente del sindicato de controladores, Nick Daniels, alertó que el estrés y la falta de pago han llevado al personal “a pensar en su supervivencia en lugar de en la seguridad pública”. Según la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, el fin de semana pasado fue el peor desde el inicio del cierre, con decenas de ausencias y retrasos generalizados. Daniels advirtió: “El cansancio ha provocado un deterioro de la seguridad y un aumento del riesgo cada día que se prolonga este cierre”.
Batalla legal por los beneficios del SNAP
Mientras tanto, la administración Trump continúa su disputa en la Corte Suprema para evitar el pago completo de los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP, que afecta a más de 40 millones de estadounidenses. El gobierno impugna una orden que lo obliga a usar $4,000 millones adicionales para cubrir el pago íntegro de noviembre. La jueza Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente esa orden, permitiendo que solo se desembolsen pagos parciales mientras los tribunales revisan el caso.
El procurador general D. John Sauer informó a la Corte que la administración “seguirá litigando” hasta que el Congreso apruebe definitivamente la medida de financiación. Sin embargo, si el Senado y la Cámara alcanzan un acuerdo antes del martes, el caso sería desestimado por improcedente.
Los senadores republicanos y ocho demócratas avanzaron el domingo en un proyecto bipartidista que reabriría el gobierno hasta el 30 de enero de 2026, a cambio de una votación posterior sobre la extensión de los subsidios de salud. Aunque la iniciativa aún debe superar los procedimientos legislativos, el movimiento marca el paso más firme hacia el fin del cierre.
La prolongada crisis ha dejado claro el impacto devastador de la parálisis política: trabajadores sin salario, aeropuertos con menos controladores y familias que dependen del SNAP en vilo. Con la presión pública en aumento, el desenlace en el Capitolio podría definir no solo el destino del presupuesto, sino también la estabilidad del país en los próximos meses.
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