En medio de un clima político marcado por despliegues militares y advertencias explícitas desde Washington, la administración estadounidense vuelve a ubicar a Latinoamérica en el centro de su estrategia de seguridad. La comunicación con tropas en el extranjero durante el Día de Acción de Gracias dejó entrever movimientos que, hasta hace poco, altos funcionarios insistían en que no estaban sobre la mesa.
Durante su llamada a los militares, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está listo para ampliar sus operaciones contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela. “En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos”, dijo, señalando cambios en las rutas ilícitas:
“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y empezaremos a frenarlas también por tierra… eso empezará muy pronto”. Su mensaje incluyó una advertencia directa: “Dejen de enviar veneno a nuestro país”.
Las declaraciones sugieren un giro luego de múltiples reuniones de seguridad y del notable incremento de presencia militar estadounidense en la región. A principios de esta semana, Trump designó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a aliados de su gobierno como integrantes de una “organización terrorista extranjera”, bajo la denominación de “Cártel de los Soles”.
Según expertos citados en informes recientes, esa etiqueta describe más a funcionarios corruptos que a una estructura típica del crimen organizado, pero permite imponer sanciones adicionales a bienes e infraestructura vinculados a Caracas.
Washington mantiene actualmente más de una docena de buques de guerra y 15,000 soldados en el marco de la “Operación Lanza del Sur”, una campaña que ya ha dejado más de 80 muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Sin embargo, funcionarios informaron al Congreso este mes que no existía base legal para realizar incursiones terrestres en Venezuela y que el marco jurídico vigente solo avala acciones contra objetivos marítimos. Una fuente legislativa confirmó que “no se descartaron posibles acciones futuras”.
Mientras el gobierno sostiene que estas operaciones pueden continuar sin autorización del Congreso, el debate en Washington refleja tensiones institucionales sobre los límites del poder ejecutivo. En ese escenario, las próximas decisiones podrían redefinir la política militar estadounidense en la región.
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