La representante republicana y figura cercana al presidente Donald Trump, Anna Paulina Luna, se ha convertido en el nuevo rostro de la cruzada para prohibir que los miembros del Congreso de Estados Unidos, junto a sus cónyuges e hijos dependientes, puedan comprar y vender acciones individuales mientras están en el cargo.
Esta ofensiva se apoya en un argumento simple pero explosivo: quienes redactan leyes y reciben información reservada no deberían jugar en el mismo tablero bursátil que los ciudadanos comunes, porque la asimetría de información distorsiona los incentivos y erosiona la confianza en la democracia.
Luna y la batalla por un voto forzado
Luna ha anunciado un “discharge petition”, una herramienta parlamentaria poco frecuente que le permite intentar forzar un voto en el pleno de la Cámara incluso si el liderazgo de su propio partido o de la oposición prefiere enterrar el tema en comités. Para lograrlo necesita al menos 218 firmas, es decir, una mayoría de la Cámara, lo que convertiría esta cruzada en un examen público de quién está dispuesto a renunciar al privilegio de especular en bolsa mientras legisla.
La congresista de Florida ha estado publicando en su cuenta oficial de la red social X los avances en la petición de descargo mostrando a quienes firman en apoyo y, además, ha sido tajante al justificar su iniciativa: los miembros del Congreso “reciben informes clasificados, influyen en políticas económicas y se reúnen con líderes empresariales”, lo que les otorga una ventaja informativa imposible de replicar para el resto de los inversores.
En entrevistas televisivas recientes, la Rep. Luna ha llegado a decir que el Congreso “nunca” recuperará el apoyo del pueblo estadounidense si sus miembros continúan “haciéndose ricos por la puerta de atrás” con operaciones bursátiles.
Una ola bipartidista y los nombres detrás del cambio
Aunque Luna ha irrumpido con una estrategia agresiva y un discurso particularmente combativo, su iniciativa se inserta en una ola más amplia de propuestas bipartidistas para limitar o prohibir el “stock trading” de congresistas. Entre los impulsores más visibles figuran la demócrata Abigail Spanberger y el republicano Chip Roy, autores del TRUST in Congress Act, que obligaría a los legisladores y a sus familias inmediatas a colocar sus inversiones en fideicomisos ciegos o renunciar a las acciones individuales.
En el Senado, el demócrata Jon Ossoff y el también demócrata Mark Kelly han promovido una versión similar para la Cámara Alta, mientras que figuras como Elizabeth Warren, Steve Daines y Josh Hawley han respaldado versiones más estrictas que directamente prohíben que los congresistas y, en algunos casos sus cónyuges, posean acciones mientras ocupan el cargo.
“Los escándalos de operaciones bursátiles durante la pandemia pusieron este tema en la conciencia pública”, reconoció Ossoff al señalar que el problema no es solo legal, sino de legitimidad democrática. Spanberger, por su parte, ha advertido que la percepción de auto‑beneficio legislativo es “bastante peligrosa para la democracia”, porque consolida la idea de que el Congreso legisla para sí mismo y no para el electorado.
Recientemente, el pasado 11 de diciembre la congresista Luna afirmó en su cuenta oficial en la red social X: “¡Ya tenemos más de 60 miembros que se han adherido a la prohibición del uso de información privilegiada! ¡Sigan colaborando!”.
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