Por: Antonio Rivero Gonzalez
Sin libertad plena para todos los presos políticos no hay reconciliación ni transición posible en Venezuela. En Venezuela se habla hoy de amnistía como si se tratara de un gesto automático o como sinónimo de reconciliación nacional. Resulta, cuando menos, prematuro.
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La realidad demuestra otra cosa. La mayoría de los excarcelados continúa sometida a procesos judiciales, bajo medidas cautelares restrictivas que les impiden ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles. Otros han sido nuevamente detenidos, como ocurrió con dirigentes emblemáticos vinculados al liderazgo democrático nacional (caso Juan Pablo Guanipa), mientras que centenares de presos políticos siguen en las cárceles en condiciones que, según testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos, son precarias y degradantes.
No se trata de hechos aislados. Se trata de un patrón que demuestra claramente lo que ha venido siendo la práctica sistemática del régimen en la persecución política contra la disidencia. Si una persona es liberada, pero continúa judicializada, si puede ser detenida nuevamente en cualquier momento, si se le impide expresarse o movilizarse políticamente, no estamos frente a una amnistía real. Estamos ante una administración controlada de libertades.
Esto no solo contradice el espíritu de la ley de amnistía, sino que afecta directamente la estabilidad del proceso que debería conducir a la reconciliación nacional y a la reinstitucionalización democrática del país, incluso en un contexto internacional en el que se han planteado fases claras para la recuperación de Venezuela.
La amnistía, para ser auténtica, debe cerrar la persecución política. Debe restituir derechos. Debe generar confianza. Nada de eso ocurre cuando la libertad es condicional y reversible.
Pero el punto más revelador del proceso no está solo en los civiles que siguen presos o sometidos a medidas restrictivas. Está en la exclusión de los militares. La pregunta que define la naturaleza real del momento venezolano es esta: ¿por qué siguen presos los militares?. La respuesta no es jurídica. Es política y estratégica.
Un civil liberado regresa a la actividad pública, pero un militar liberado puede hablarles a los cuarteles. Y ese es el verdadero punto de quiebre del régimen. A ello temen.
Durante años se ha construido dentro de la Fuerza Armada una narrativa cuidadosamente diseñada: que la dirigencia política democrática utiliza a los militares y luego los abandona cuando son perseguidos. Mantenerlos en prisión refuerza ese mensaje y cumple una función disciplinaria interna. El preso militar deja de ser un individuo y lo convierten en un instrumento de control.
Su permanencia tras las rejas envía una señal directa a los oficiales activos: no hay salida fuera del sistema. No existe retorno posible para quien actúe conforme a su deber constitucional. Esto no solo neutraliza liderazgos potenciales. También bloquea la reconstrucción de la confianza entre el liderazgo civil y la institución armada, condición indispensable en cualquier transición democrática.
La historia lo demuestra: no hay procesos de cambio político estables sin la reinstitucionalización de la Fuerza Armada. Y esa reinstitucionalización comienza por la libertad de quienes fueron perseguidos por razones políticas dentro de ella.
La amnistía no puede ser selectiva. Debe incluir de manera expresa a todos los perseguidos por razones políticas, civiles y militares, y excluir de forma inequívoca a los responsables de crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, corrupción estructural y narcotráfico, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución. Cualquier ambigüedad en este punto abre la puerta a la impunidad y destruye la credibilidad del proceso.
Tampoco puede depender del mismo sistema judicial que produjo la persecución. Una amnistía administrada por estructuras que responden al poder político pierde su esencia y se convierte en un mecanismo de control. La reconciliación nacional no se decreta. Se construye sobre la verdad, la justicia y la restitución plena de la libertad.
Mientras existan presos políticos, mientras haya ciudadanos liberados con grilletes judiciales, mientras la prisión siga siendo utilizada como herramienta de coacción y mientras los militares continúen excluidos del proceso, no puede hablarse de amnistía en sentido real. Puede hablarse de otra cosa, de una liberalización controlada para administrar presiones.
Para llegar con estabilización a la etapa de transición venezolana se exige algo distinto. Exige el desmontaje definitivo de la persecución política. Exige el desmantelamiento definitivo de toda la estructura institucional y social de la persecución política, entiéndase; política-social, judicial, policial, militar y grupos extranjeros. Exige la libertad plena de todos los presos políticos. Exige el restablecimiento de la confianza institucional.
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Esto debe pasar, ineludiblemente, por la liberación de los militares presos por razones políticas. No como un gesto sectorial, ni como una concesión. Sino como la llave que abre la posibilidad de Justicia en una Venezuela libre, democrática y en paz. Lo contrario mantendrá la llama viva de la lucha por la suprema libertad de Venezuela, contra la consecuente tiranía.
El autor del presente trabajo es el General e ingeniero Antonio Rivero G..M.Sc. (Estrategia) y Analista Político-Militar. El general Gonzalez vive exiliado en la ciudad de Miami, después de haber pasado un largo periodo encerrado en la mazmorras de la dictadura de Chavez, Maduro y Delcy.
