En una entrevista concedida a Buenos días Wall Street, el líder de Voluntad Popular describió una experiencia marcada por la arbitrariedad judicial, las restricciones políticas y un país que, a su juicio, sigue lejos del estado de derecho.
Desde el inicio de la conversación, José Rito Ledezma, líder de Voluntad Popular, dejó clara su situación actual: “una de las condiciones por las cuales nos dan la libertad es condicionada. No podemos estar dando declaraciones en Venezuela”. Su testimonio, dijo, no es excepcional, sino parte de un patrón que afecta a quienes reclaman derechos y libertades fundamentales.
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Una detención sin causas claras ni garantías procesales
José Rito Ledezma relató que fue detenido el 23 de mayo del 2025 en Valle de la Pascua, estado Guárico, mientras se encontraba en su oficina. Funcionarios le solicitaron que los acompañara, pero, según explicó, “en ningún momento dijeron las causas por las cuales querían que les acompañara”. Durante varios días permaneció privado de libertad sin conocer formalmente los cargos en su contra.
El 26 de mayo fue llevado ante un tribunal, donde le informaron que estaba acusado de “conspiración, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir”. A esto se sumó una limitación clave: “sin derecho a abogado privado”. Ledezma aseguró que le indicaron que su caso sería revisado en un plazo de 45 días, pero esa audiencia nunca se realizó. “Nunca más me volvieron a subir al circuito”, afirmó.
Para el dirigente, el proceso refleja un sistema sin garantías. “Las detenciones son ilegales e inconstitucionales y las liberaciones son ilegales e inconstitucionales”, sostuvo, al denunciar un esquema donde la ley se aplica de forma discrecional.
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Presentaciones obligatorias y un país aún bajo presión
Tras recuperar la libertad, Ledezma debe presentarse cada 15 días en Caracas, pese a residir en Guárico. “Yo tengo la posibilidad de movilizarme y costear ese traslado, pero hay personas que no lo pueden hacer”, advirtió, señalando que muchos excarcelados quedan atrapados entre la falta de recursos y el riesgo de ser nuevamente detenidos.
Sobre la llamada ley de amnistía, fue contundente al cuestionar su efectividad. A su juicio, las liberaciones responden más a “la presión que ejerció Estados Unidos” que a una decisión genuina del poder venezolano. Incluso acusó al régimen de intentar adjudicarse méritos políticos: “pretenden llevarse ellos el crédito”.
Como empresario, Ledezma también abordó el panorama económico. Reconoció que algunos cambios podrían avanzar con mayor rapidez, pero insistió en que problemas básicos, como el suministro de gasolina y la movilidad interna, siguen afectando la vida diaria. Mirando al futuro, llamó a los venezolanos que emigraron a regresar y comprometerse con la reconstrucción del país, trabajando para recuperar “la economía, la salud, la educación y la infraestructura”.
Su mensaje final fue directo y sin adornos: seguir exigiendo la libertad de los presos políticos y no normalizar la injusticia. Cerró con una palabra que resume resistencia y esperanza en medio de la incertidumbre: “Ánimo”.
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