El gobierno de Donald Trump suspendió por 60 días la Ley Jones para facilitar el transporte de petróleo, gas natural y otros insumos dentro de Estados Unidos, en medio del repunte de los precios energéticos por el conflicto con Irán.
La medida elimina temporalmente la obligación de usar buques estadounidenses entre puertos nacionales, lo que amplía la disponibilidad de embarcaciones y busca aliviar cuellos de botella logísticos en el suministro.
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El anuncio coincide con una fuerte subida del crudo. El Brent superó los 109 dólares por barril, mientras el petróleo estadounidense se acercó a los 100 dólares, impulsados por los riesgos sobre el flujo global tras los ataques a infraestructura energética y la disrupción en el estrecho de Ormuz.
En la práctica, la flexibilización permite que más buques cisterna internacionales transporten combustible dentro del país, algo relevante ante la limitada flota que cumple con la normativa.
Sin embargo, el efecto podría ser acotado. Estados Unidos produce principalmente petróleo ligero, mientras muchas de sus refinerías están diseñadas para procesar crudos más pesados, lo que limita la capacidad de transformar toda su producción en combustibles utilizables.
Esto implica que, aunque el transporte interno mejore, la presión sobre los precios de la gasolina podría persistir, especialmente si continúa la tensión en Medio Oriente.
Para los consumidores y pequeños negocios —incluidos muchos en sectores como transporte, construcción y servicios— el impacto se traduce en costos más altos de energía y operación, con efectos directos sobre precios y márgenes.
La decisión también se da en un contexto de presión sobre aliados para reforzar la seguridad en rutas clave del comercio petrolero, en un mercado que seguirá sensible a cualquier interrupción en la oferta global.
